La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia ha supuesto la mayor transformación de la planta judicial en España desde el siglo XIX. Por eso se ha puesto el foco informativo en los cambios que trae para la organización de los tribunales, pasando un poco por encima de otra de las novedades que recoge el texto normativo impulsado por el ministro Félix Bolaños, en este caso la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles o mercantiles antes de la imposición de una demanda. «Hay que cambiar la mentalidad y la idiosincrasia que tenemos de la confrontación, caminar hacia la cultura del acuerdo y entender que al final siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito». Es la conclusión a la que llegan Vicente Rodríguez Moreno-Torres e Irene Bonilla Sánchez-Barbudo durante el debate titulado 'El papel clave del notario en los MASC tras la Ley de Eficiencia Judicial»', celebrado en la Casa de ABC de Sevilla. Ambos fedatarios públicos, con oficina en Berja (Almería) y Cumbres Mayores (Huelva), respectivamente, ponen el acento en el cambio de mentalidad necesario en la ciudadanía para el éxito de este nuevo marco normativo, que supone «un cambio de paradigma», pues se parte de una Justicia «de confrontación, de la cultura del pleito», y se pretende una Justicia «de cohesión y una cultura del acuerdo », según el granadino Rodríguez Moreno-Torres, que se sacó la plaza con 24 años. La exigencia que marca el legislador para acudir a cualquiera de los instrumentos de mediación contemplados por la ley antes de iniciar el procedimiento judicial pretende solucionar un problema que existe en la práctica, que es que los juzgados están saturados, según subraya la sevillana Irene Bonilla, que aprobó las oposiciones hace menos de un año, cuando contaba con 25 años de edad. «Ante una necesidad social que hay, pues el legislador se intenta adelantar y paliar el problema». Insisten en que el éxito de esta medida depende de que los ciudadanos sean conscientes de que ellos pueden llegar a un acuerdo y no necesitan llegar a una instancia judicial. Y lo pueden hacer de la mano de un mediador privado, un notario, un registrador, un letrado de administración de justicia y también la posibilidad de conciliación entre abogados. Esta falta de concienciación es el primer punto a trabajar. Según Irene Bonilla, la intervención de los notarios, que además de funcionarios son profesionales del derecho y expertos en materia de derecho privado, «sí que puede otorgar confianza en el asesoramiento de una persona neutral». Expone las bondades de la mediación: «un procedimiento más ágil, evita la confrontación judicial, que es muy prolongado en el tiempo y no es algo agradable». Volviendo a la exigencia de este requisito, Vicente Rodríguez admite que el legislador sabe que la gente va a seguir pleiteando por exige por defecto los MASC. «Te lo impone con carácter obligatorio y tienes que acreditar que lo has intentado, y ya en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, sí puedes acudir a a la confrontación». No obstante, «lo ideal hubiera sido la voluntariedad » Sobre las quejas que han expresado desde la abogacía a la aplicación de los MASC, que han conllevado que los jueces de Sevilla afectados directamente hayan tenido que reunirse para unificar criterios. «Cuando se promulga una norma, surgen muchas incógnitas y muchos puntos grises . Desde abril de 2025, lleva muy poca rodadura». En este caso, Irene Bonilla, sobre las muchas posibilidades de negociación que recoge la ley, manifiesta que « lo mejor es acudir al notario, ya que da fe de que quien firma el acuerdo es quien dice ser. Lo ha identificado, entiende que está en el ejercicio de su personalidad jurídica para poder suscribir ese acuerdo y además, en caso de darse, se eleva a público tras recogerlo en escritura o directamente se adopta con el notario». El notario, según Vicente Rodríguez, ante esta ley cumple un doble papel, como autoridad pública y como profesional del derecho, con las funciones de asesoramiento (gratuita) sobre de los distintos medios adecuados de solución de controversias que existen: la mediación, la conciliación, una oferta vinculante confidencial, una opinión de un experto independiente o incluso a un proceso de derecho colaborativo, que es una herramienta nueva que procede también de otros países y que consiste en el hecho de que las partes asistidas por letrado tratan de llegar a un acuerdo y esos letrados ya quedan abstenidos de posteriormente poder intervenir en un proceso judicial sobre la misma cuestión y con los mismos interesados. Esto fomenta que los abogados traten de llegar a un acuerdo, porque ellos no van a ser los que intervengan en el proceso judicial posterior. Y de otro lado, «tenemos que asumir este papel (figura neutral como mediador) con valentía y con responsabilidad». La Ley, al hablar de un tercero neutral que intervenga en la resolución de conflictos, hace referencia a un agente que esté inscrito en un colegio profesional o en una institución homologada de mediación y que además sea neutral, ejerza con imparcialidad . «Son caracteres que definen al notario en su profesión», remarca Irene Bonilla. A diferencia de la mediación, donde el mediador solamente trata de facilitar la comunicación y acercar las posturas, en la conciliación el conciliador sí que puede proponer soluciones. «Aquí es donde el notario tiene que coger mayor protagonismo ». Pero la obligatoriedad de acudir a los MASC tiene sus límites. Hay materias que quedan ajenas a esta regulación: menores, personas que precisan de medidas de apoyo por situación de discapacidad, asuntos penales, concursales o laborales. «Hay un interés digno de protección que no puede someterse a la voluntad de las partes ». La Ley, como insiste el joven notario granadino, trata de desterrar la dinámica del proceso judicial en la que «siempre hay un ganador y un perdedor«, es «un todo o nada, que deteriora mucho las relaciones». En asuntos de familia, «es muy dañino un proceso judicial». Ambos insisten en los beneficios o ventajas del nuevo marco legislativo. «Lo primero, una desjudicialización. Una reducción de costes desde el punto de vista económico y temporal. Con la concordia pues te evitas todo todo ese proceso largo y tedioso». Irene Bonilla corrobora en este aspecto a su compañero: «La concordia debe de imperar, pero el éxito depende de que los ciudadanos sean conscientes de que ellos pueden evitar acudir a juicio, porque si ellos interpretan que esto es un requisito burocrático para poder interponer la demanda, no va a ser efectivo». El juicio como último paso, pero evitable, para ello hay que trabajar en la información a la ciudadanía y en la concienciación. Como curiosidad y sobre todo como elemento de confianza en el proceso de mediación o conciliación con un notario, «todo lo que las partes aporten y se haga conocer a la otra, no se puede utilizar posteriormente en un proceso judicial en contra de la parte que lo ha aportado». Y advierten, las costas no se imponen al que pierde, sino al que haya actuado de mala fe en esa negociación. Por mejorar algo la Ley, Vicente Rodríguez considera que la intervención del tercero neutral es esencial, ya que las partes probablemente hayan intentado hablar entre ellas con anterioridad. Es decir, si ya se está en un punto donde se está planteando la interposición de una demanda, el inicio de un proceso judicial, es porque las partes ya están relativamente enfrentadas y es bastante poco probable que vayan a acudir a un diálogo pacífico colaborativo. «Hubiera sido muy interesante que la obligatoriedad hubiera sido de que intervenga un tercero neutral ».
