Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 20 de marzo en la Audiencia de Sevilla a un agente de la Guardia Civil identificado como J.L.N.L., acusado de facilitar a cambio de dinero datos de tráfico de distintos vehículos a un varón que también será juzgado en este procedimiento, hechos por los que la Fiscalía reclama para el agente un total de siete años de cárcel, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De este modo, el juicio comenzará el día 20 de marzo con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que el día 23, en sesiones previstas de mañana y tarde, comparecerán los testigos, los peritos y los dos acusados. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para cada uno de los investigados c uatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por el delito de cohecho -en el caso del agente como autor de un delito de cohecho pasivo y en el caso del otro encausado como autor de un delito de cohecho activo-, mientras que para el guardia civil también pide tres años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y el pago de una segunda multa de 3.600 euros, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía relata en su escrito que los dos acusados, el agente J.L.N.L. y F.L.P., este último con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, «mantienen una relación de amistad desde hace años», de forma que el segundo de los investigados estuvo casado con la hermana del agente hasta 2005. «Esa relación hacía» que el segundo acusado «fuera consciente» de que el guardia civil, de servicio en el equipo de Atestados, «por razón de su cargo de agente de la autoridad, tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico», unas bases de datos a las que los agentes de la Guardia Civil «sólo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , siendo en todo caso advertidos los usuarios que acceden a las mismas como paso previo a dicho uso» con el texto «está accediendo a una aplicación informática que contiene bienes jurídicos protegidos por la normativa sobre protección de datos». El Ministerio Público añade que, en el año 2023, el ciudadano acusado de cohecho activo «realizaba trabajos remunerados para una agencia de investigación y para esa labor le interesaba conocer detalles de tráfico de diferentes vehículos, tales como los titulares, matriculación, ITV», de forma que, «sabiendo» que el agente investigado «podía acceder a los mismos, le pidió dichos datos a cambio de una remuneración económica». De esta forma, el agente acusado, «siendo consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello», y de hecho, «para tratar de ocultarse, en diferentes ocasiones acudió a otros compañeros a los que les pedía que les facilitara la información requerida y que desconocían el fin último de los datos que le daban». El agente, según la Fiscalía, trasladaba a su excuñado por WhatsApp la información cosechada, sin que conste de manera efectiva «cuánto dinero recibía».
