Bruselas advierte a España por los créditos hipotecarios
La Comisión Europea ha decidido dar un paso más en su supervisión del mercado financiero español. En su último paquete de decisiones sobre infracciones, el Ejecutivo comunitario ha incluido a España por la incorrecta aplicación de la Directiva 2014/17/UE, la norma que regula los contratos de crédito inmobiliario en la Unión Europea.
Según ha detallado la institución en su comunicación oficial, disponible en el portal de la Comisión Europea sobre procedimientos de infracción, la legislación española no se ajusta plenamente a las exigencias comunitarias en materia de acceso a bases de datos de solvencia y supervisión de intermediarios. Esta situación, advierte Bruselas, puede distorsionar la competencia y limitar la integración del mercado único.
Bruselas activa el procedimiento por la Directiva 2014/17/UE
El núcleo del conflicto está en la transposición de la Directiva 2014/17/UE, aprobada en 2014 con el objetivo de reforzar la protección del consumidor y facilitar la actividad transfronteriza en el sector hipotecario. Esta norma establece reglas comunes sobre información precontractual, evaluación de solvencia y supervisión de prestamistas e intermediarios.
La Comisión sostiene que España no ha garantizado que todos los prestamistas de la Unión Europea tengan igualdad de acceso a las bases de datos de solvencia cuando operan en territorio español. Esta exigencia es clave para permitir que entidades de otros Estados miembros compitan en igualdad de condiciones con los operadores nacionales.
En la práctica, el acceso limitado o desigual a estas bases de datos puede suponer una barrera de entrada para entidades extranjeras. El resultado es un mercado menos competitivo y, potencialmente, menos favorable para el consumidor en términos de oferta y condiciones.
Acceso a bases de datos de solvencia
La Directiva obliga a que los Estados miembros aseguren que los prestamistas de otros países puedan consultar la información necesaria para evaluar la solvencia de los clientes en condiciones no discriminatorias. Bruselas considera que la normativa española no cumple plenamente este principio.
La evaluación adecuada de la solvencia es uno de los pilares del sistema hipotecario europeo. Su objetivo es evitar el sobreendeudamiento y garantizar decisiones de concesión responsables. Si el acceso a la información es limitado, el sistema pierde coherencia y se debilita el mercado único.
Supervisión de intermediarios
Otro de los puntos señalados por la Comisión se refiere al régimen de supervisión de los intermediarios de crédito hipotecario. La normativa europea establece que la supervisión principal debe corresponder al Estado miembro de origen del intermediario.
El país de acogida, en este caso España, solo puede ejercer determinadas funciones limitadas para facilitar la actividad a través de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios. Según Bruselas, la aplicación española no se ajusta completamente a este reparto de competencias.
Un plazo de dos meses antes de acudir al Tribunal de Justicia
El procedimiento iniciado se formaliza mediante una carta de emplazamiento, primer paso del mecanismo de infracción previsto en los Tratados de la Unión Europea. España dispone ahora de un plazo de dos meses para responder y comunicar las medidas adoptadas.
Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado. Este documento constituye el paso previo a la eventual interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El procedimiento puede desembocar en una sentencia condenatoria y, en caso de incumplimiento persistente, en sanciones económicas. Las multas pueden incluir tanto una cantidad a tanto alzado como penalizaciones diarias hasta que se corrija la infracción.
Impacto en consumidores y entidades financieras
La Directiva 2014/17/UE persigue un doble objetivo:
- Elevar el nivel de protección del consumidor en toda la Unión Europea.
- Impulsar la competencia transfronteriza en el mercado hipotecario.
Un entorno con mayor competencia puede traducirse en mejores condiciones de financiación, más transparencia en la información precontractual y mayor diversidad de productos. La falta de adaptación completa a la norma europea limita estas ventajas.
Además, la homogeneización de reglas facilita que los ciudadanos puedan contratar servicios financieros en otros Estados miembros con garantías equivalentes. Esta dimensión transfronteriza es uno de los pilares del mercado único.
Un nuevo frente entre Bruselas y el Gobierno
El procedimiento sobre créditos hipotecarios se suma a otros expedientes abiertos por la Comisión en distintos ámbitos regulatorios. La vigilancia del cumplimiento del Derecho de la Unión es una competencia esencial del Ejecutivo comunitario.
En este caso, el foco está en la correcta aplicación de la Directiva 2014/17/UE y en la necesidad de asegurar igualdad de condiciones para todos los operadores europeos. El desenlace dependerá de las medidas que adopte el Gobierno en las próximas semanas.
Si España no introduce los ajustes exigidos, el conflicto podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de sanciones. Bruselas mantiene así la presión sobre el sistema español de créditos hipotecarios para que se adapte plenamente a los estándares comunitarios.