La UCO señala a Pardo de Vera en las adjudicaciones del caso mascarillas sin atribuirle un lucro personal

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en un nuevo informe a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en las adjudicaciones bajo sospecha de contratos de mascarillas, aunque no le atribuye ningún lucro personal. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que el que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García facilitó a Pardo de Vera el contacto de uno de los directivos de la empresa de la trama un día antes de que Adif le adjudicara el contrato de mascarillas por valor de 12,5 millones que está bajo sospecha. 

“El Íñigo es el del contrato”, le escribió Koldo García a Pardo de Vera el 26 de marzo de 2020. No obstante, los mensajes intervenidos revelan que la entonces presidenta de Adif no tramitó los detalles legales personalmente, sino que delegó esta tarea en Michaux Miranda, entonces director general de Personas de Adif y también imputado. Miranda fue cesado en agosto de 2024. 

No obstante, Pardo de Vera sí mantuvo una cierta comunicación con Koldo García, al que informó de algunos detalles y con el que se comprometió a hacer las “comprobaciones oportunas”. Según la Guardia Civil, los mensajes intervenidos permiten “inferir” que Koldo García intervino en la selección de esa empresa y que, “a través de Pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía”.

Una vez que estalló el caso, en septiembre de 2024, Pardo de Vera envió a Miranda el siguiente mensaje: “Michaux, lo tengo claro, por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron, y solo espero que se resuelva todo, los medios son pendencieros, pero todo se resolverá, no me cabe duda, aquí me tienes, en cuanto pueda nos vemos, ánimo que esto pasa, no nos merecemos esto”. 

En la querella que dio origen a este caso, la Fiscalía Anticorrupción admitió que el procedimiento de emergencia por la pandemia permitía la contratación directa y que en las adjudicaciones efectuadas no se habían observado “irregularidades significativas”. No obstante, sí advirtió de que el lapso de tiempo entre la publicación de la orden ministerial para adquirir material y la adjudicación fue “prácticamente inexistente” —se produjeron el mismo día—, lo que apuntaba a un acuerdo previo entre la trama y la Administración, que es lo que se está investigando en esta ramificación del caso.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, mantiene imputada a Isabel Pardo de Vera por su presunta participación en el amaño de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes, donde ella desempeñó los cargos de presidenta de Adif y secretaria de Estado, con posterioridad. A Pardo de Vera se le atribuyen indiciariamente los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. El juez Moreno le retiró el pasaporte el pasado mes de julio tras su declaración como imputada, en la que negó su participación en los hechos. 

La antigua alto cargo de Transportes ya estaba investigada en relación con la contratación de una pareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, en una empresa pública dependiente del departamento. Por este hecho, Pardo de Vera responde de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Los agentes también apuntan en el oficio que, horas más tarde de declarar como testigo ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024, un día después de la detención de Koldo Garcóa y otros imputados, Pardo de Vera se puso en contacto con Ábalos y le “facilitó el contacto” de una “abogada especializada en materia penal”.

“No estoy en la investigación que se sepa”, respondió Ábalos “mostrando sorpresa”, a juicio de los agentes. “Espera que le llames, para ti, sí”, le dijo Pardo de Vera. Y llaman la atención sobre que al analizar los dispositivos electrónicos intervenidos a Pardo de Vera, “parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”.