Singapur abre la veda contra los activos de España en Asia
La estrategia jurídica del Estado español frente a los arbitrajes internacionales derivados de los recortes a las energías renovables suma un nuevo revés. La Alta Corte de Singapur ha rechazado el intento del Gobierno de España de ampararse en la inmunidad soberana para bloquear la ejecución de un laudo arbitral internacional que obliga al país a pagar cerca de 290 millones de euros a la energética NextEra Energy Global Holdings.
La resolución, dictada el pasado 24 de febrero, confirma que el laudo es plenamente ejecutable en la jurisdicción singapurense y abre la puerta a que los acreedores puedan iniciar procedimientos dirigidos a localizar y embargar activos comerciales del Estado español en ese país para satisfacer la deuda.
El fallo supone un paso relevante dentro del prolongado contencioso internacional surgido tras la reforma energética aprobada en España después de la crisis financiera. A comienzos de la década de 2010, el Ejecutivo modificó de forma retroactiva el régimen de primas que incentivaba la inversión en proyectos solares y eólicos, un sistema que había atraído miles de millones de euros de capital extranjero durante los años anteriores.
Numerosos inversores internacionales consideraron que aquellos cambios regulatorios vulneraban las garantías ofrecidas cuando realizaron sus inversiones y recurrieron al arbitraje internacional al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. En el caso de NextEra, el procedimiento se tramitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que terminó dictando un laudo favorable al inversor.
Desde entonces, el litigio se ha trasladado a distintas jurisdicciones nacionales encargadas de reconocer y ejecutar las resoluciones arbitrales.
España ha defendido sistemáticamente que estos laudos no pueden ejecutarse dentro del espacio europeo al tratarse de disputas entre inversores y Estados miembros de la Unión Europea, argumento apoyado parcialmente por la Comisión Europea.
Sin embargo, tribunales situados fuera de la UE han venido adoptando un criterio distinto. En el caso analizado por la Alta Corte de Singapur, el Estado español alegó que gozaba de inmunidad soberana y que el derecho comunitario debía impedir la ejecución del laudo. El juez Andre Maniam rechazó ambas tesis y concluyó que las obligaciones derivadas del Convenio CIADI y de los tratados internacionales suscritos por España prevalecen a efectos de ejecución en dicha jurisdicción.
La decisión sitúa a Singapur en línea con resoluciones previas adoptadas por tribunales de países como Reino Unido, Australia o Estados Unidos, que también han permitido avanzar en procedimientos de cobro contra el Estado español relacionados con arbitrajes energéticos.
El elemento más significativo del fallo reside en sus efectos prácticos. Al declararse ejecutable el laudo, NextEra queda habilitada para solicitar medidas destinadas a identificar bienes o activos de naturaleza comercial vinculados a España en Singapur susceptibles de embargo, dentro de los límites establecidos por el derecho internacional sobre bienes estatales.
El conflicto de las renovables constituye uno de los mayores frentes arbitrales abiertos por un país desarrollado en las últimas décadas. España acumula más de una veintena de laudos adversos derivados de la reforma energética, con reclamaciones pendientes que, según distintas estimaciones jurídicas, superan los 2.000 millones de euros.
El Gobierno ha sostenido que el pago directo de estas indemnizaciones podría entrar en conflicto con la normativa europea sobre ayudas de Estado y ha optado por recurrir o cuestionar la ejecución de los fallos en distintas jurisdicciones internacionales. Esta posición ha prolongado durante años los procedimientos judiciales y ha trasladado el debate desde el ámbito arbitral hacia tribunales nacionales de terceros países.
Expertos en arbitraje internacional consideran que resoluciones como la de Singapur reducen progresivamente los espacios legales disponibles para retrasar la ejecución de los laudos. A medida que más jurisdicciones reconocen su validez, aumenta la capacidad de los inversores para perseguir activos estatales fuera del territorio europeo.
El caso adquiere además relevancia en el contexto actual de transición energética global. Diversos analistas jurídicos señalan que la seguridad regulatoria constituye un elemento clave para atraer financiación privada hacia proyectos energéticos a largo plazo, especialmente en sectores intensivos en capital como las renovables.
Por el momento, el fallo no implica un pago inmediato, pero sí refuerza la posición procesal de NextEra y de otros inversores que mantienen litigios similares contra España. La evolución del procedimiento dependerá ahora de las actuaciones de ejecución que puedan iniciarse en Singapur y de las eventuales respuestas legales del Estado.
En cualquier caso, la sentencia confirma una tendencia consolidada en los últimos años: los tribunales internacionales y nacionales fuera de la Unión Europea están mostrando una creciente disposición a hacer cumplir los laudos arbitrales energéticos dictados contra España.