Zarzuela asegura que si Don Juan Carlos vuelve "debería recuperar la residencia fiscal en España"
Fuentes de Zarzuela han asegurado a LA RAZÓN que "Don Juan Carlos puede volver a vivir a España cuando él quiera", aunque, eso sí, antes "debería recuperar la residencia fiscal" en nuestro país.
Saliendo al paso del debate reabierto por el líder del PP ayer, la Casa del Rey asegura que esta sería la única forma de "salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución".
La publicación el miércoles de los papeles del 23F ha vuelto a poner sobre la mesa la conveniencia o no de la vuelta de Don Juan Carlos de su autoexilio en Abu Dabi. Por la mañana Alberto Núñez Feijóo abrió fuego con el siguiente mensaje en la red social X: "Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España".
El dirigente popular avisó a Zarzuela de su intención de publicar su defensa de la vuelta del padre de Felipe VI con el argumento de que la desclasificación de los documentos del golpe de Estado de 1981 "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".
Poco después, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sostenía que la decisión de regresar a España "depende exclusivamente de él" y "en su caso, de la Casa Real". Esta última aseveración forzó la primera respuesta de Zarzuela esta semana, ya que dejaba entrever que la vuelta del padre del Rey era cosa de Felipe VI.
Lo cierto es que el autoexilio de Juan Carlos I en la capital de los Emiratos Árabes Unidos no tiene nada que ver con las sombras que algunos verían de su papel en el golpe del 23F, por otro lado totalmente injustificadas, sino con los supuestos delitos fiscales que se atribuían y por los que fue investigado por Hacienda.
Don Juan Carlos arrastró en España varios frentes fiscales ligados a rentas y gastos no declarados: primero, la regularización de 678.393 euros en diciembre de 2020 por gastos personales pagados por terceros a través de “tarjetas opacas”; después, una segunda regularización en febrero de 2021 de 4,4 millones por el uso de vuelos privados y otros desembolsos abonados por la fundación Zagatka.
En paralelo, la Fiscalía del Supremo investigó durante meses si existieron otras irregularidades tributarias vinculadas a estructuras y fondos en el extranjero y a pagos en especie, pero acabó archivando en marzo de 2022 por una mezcla de inviolabilidad en la etapa anterior a la abdicación, prescripción y el efecto de esas regularizaciones.
Además, en 2022 trascendieron requerimientos de Hacienda para aclarar quién pagó vuelos y gastos de algunas cacerías/monterías tras 2014, sin que ese frente derivara en una causa penal abierta.