El Gobierno parchea el colapso de la red eléctrica sin afrontar la urgencia de inversiones
El Gobierno ha decidido intervenir sobre los síntomas sin tocar todavía la enfermedad. El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a audiencia pública un proyecto de Real Decreto que pretende aumentar la capacidad de acceso a la red eléctrica española justo cuando el sistema empieza a mostrar señales inequívocas de estrangulamiento estructural.
Red Eléctrica (REE) reconoce que aproximadamente el 75% de la red de transporte se encuentra saturada, aunque sigue considerando disponibles determinados nudos cuya capacidad efectiva resulta limitada en la práctica operativa. Las compañías distribuidoras advierten de que el nivel real de congestión es superior.
De hecho, según el "criterio dinámico" establecido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una nueva forma mucho más exigente de calcular cuánta demanda eléctrica puede conectarse a la red sin poner en riesgo su estabilidad ante el nuevo escenario eléctrico, REE asume que el 90% de los nudos de la red de transporte presentarían capacidad de acceso nula por la aplicación de ese criterio. Unos 9 gigavatios de demanda ya autorizada mostraban mal comportamiento ante huecos de tensión con riesgos de desconexión masiva. Nudos no específicamente saturados, sino incapaces de cumplir los nuevos requisitos de estabilidad dinámica.
Y en la red de distribución -la infraestructura clave para conectar industria, electrificación y nuevos consumos. los datos oficiales publicados en los mapas de capacidad son concluyentes: el 83,4% de los nudos están ya saturados.
Un decreto para exprimir la red existente
En ese escenario aterriza el nuevo Real Decreto que fija requisitos técnicos mínimos para las instalaciones que quieran conectarse tanto a la red de transporte como a la de distribución. Sobre el papel, se trata de mejorar diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad del sistema eléctrico.
En la práctica, el Gobierno busca que los nuevos consumidores se adapten a una red congestionada para declarar capacidad adicional sin necesidad de ampliarla físicamente.
El borrador obliga, entre otras cuestiones, a que las instalaciones soporten huecos de tensión, sobretensiones transitorias o fallos del sistema sin desconectarse. También deberán contribuir activamente a la recuperación de potencia tras incidencias y bloquear determinados sistemas electrónicos durante perturbaciones.
La lógica es clara dentro del sector eléctrico: si las nuevas demandas son más robustas, el operador puede considerar menos restrictivos los límites técnicos actuales y liberar acceso administrativo. Más capacidad sobre el papel. No necesariamente más red.
Falta de inversión
El decreto evita afrontar los dos factores que explican el atasco eléctrico español: la falta de inversión suficiente y la rigidez de la planificación energética.
España afronta una electrificación acelerada impulsada por los centros de datos, la movilidad eléctrica y la reindustrialización, y en menor medida por el desarrollo del hidrógeno. Sin embargo, los refuerzos de red requieren años de planificación y están condicionados por límites regulatorios a la inversión que el propio sector considera desalineados con el crecimiento de la demanda.
El resultado es paradójico: proyectos industriales viables, financiados y autorizados que no pueden conectarse simplemente porque no existe capacidad física disponible.
El Real Decreto no modifica esos límites ni introduce mecanismos ágiles para reforzar zonas críticas. Se limita a optimizar técnicamente una infraestructura que ya opera cerca de su máximo.
Corrección a la CNMC
La norma también responde a un conflicto regulatorio por el menscionado "criterio dinámico" de la CNMC. El origen del problema estaba en el comportamiento frente a huecos de tensión de grandes consumos conectados mediante electrónica de potencia, especialmente centros de datos y electrolizadores.
Red Eléctrica solicitó entonces una modificación normativa que endureciera las exigencias técnicas a las nuevas demandas para que el criterio dejara de ser tan restrictivo.
El nuevo decreto ejecuta exactamente esa solución. El propio texto reconoce que los requisitos de robustez permitirán ampliar el acceso que, de otro modo, quedaría limitado por la resolución de la CNMC de diciembre de 2025.
Una red diseñada para otro tiempo
Los mapas de capacidad publicados por las distribuidoras han introducido un elemento incómodo en el debate energético: la transparencia. Por primera vez, empresas e inversores pueden comprobar dónde existe capacidad real para conectarse. Y la conclusión es que la red de distribución, históricamente invisible, se ha convertido en el principal cuello de botella de la transición eléctrica.
El incremento explosivo de solicitudes de conexión ha superado el ritmo inversor permitido durante la última década. La infraestructura pensada para un sistema centralizado intenta ahora absorber una demanda electrificada, digital e industrializada.
De ahí que el decreto incorpore también obligaciones destinadas a amortiguar oscilaciones de tensión y estabilizar el sistema mediante potencia activa: señales técnicas de una red sometida a estrés creciente.