Pulso judicial por Dominga: Andes Iron recurre a la Suprema para reactivar el proyecto
La batalla legal por el polémico proyecto minero-portuario Dominga se traslada a su máximo nivel jerárquico. Andes Iron, controladora de la iniciativa, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema tras el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que dejó sin efecto los avances logrados en el Primer Tribunal Ambiental. La firma acusa a los ministros de incurrir en un “vaciamiento” de la fuerza obligatoria de las sentencias firmes, comprometiendo la seguridad jurídica del sistema.
El conflicto se originó cuando la Corte de Antofagasta anuló de oficio un procedimiento de cumplimiento que buscaba ejecutar una sentencia de diciembre de 2024. Dicha sentencia previa había invalidado el rechazo del Comité de Ministros y ordenado una nueva votación basada en parámetros técnicos específicos. Para Andes Iron, la decisión de los jueces de Antofagasta desconoce principios procesales básicos y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los argumentos del recurso
En el escrito, la defensa de la minera sostiene que no existe una mera “discrepancia interpretativa”, sino una falta grave al derecho. Argumentan que la sentencia del tribunal ambiental, al estar firme y ejecutoriada, genera acción de cosa juzgada, lo que habilita su cumplimiento forzado según el Código de Procedimiento Civil. La queja apunta a que los magistrados de Antofagasta confundieron la naturaleza de la sentencia (que no ponía término al juicio) con una supuesta falta de fuerza ejecutiva, lo que califican como un “salto lógico improcedente”.
Andes Iron recalcó que este caso reviste una “especial gravedad institucional”. De mantenerse el criterio de la Corte de Apelaciones, se sentaría un precedente donde las órdenes de los tribunales especializados podrían ser ignoradas o anuladas por tribunales ordinarios de forma arbitraria. La intervención correctiva de la Corte Suprema será determinante para definir si el Comité de Ministros —instancia política del Ejecutivo— debe o no volver a pronunciarse sobre el futuro del yacimiento ubicado en la Región de Coquimbo.