Regar con dinero público el cultivo más sediento: el Gobierno valenciano destina 20 millones al aguacate, mientras exige trasvases

La moda del aguacate, impulsada por la tendencia global del real fooding y los desayunos estéticos de redes sociales, así como también por ser considerado un 'superalimento' en las dietas saludables, ha transformado no solo nuestra dieta, sino también el paisaje agrícola valenciano. Lo que comenzó como una tostada con aguacate en una cafetería de moda se ha convertido en una fiebre agraria que está sustituyendo al cítrico tradicional en comarcas enteras. Sin embargo, tras la rentabilidad de este '“oro verde' se esconde una contradicción profunda en la gestión del agua en la Comunitat Valenciana.

Esta transformación del paisaje, que se extiende con rapidez por la Plana Baixa, el Camp de Morvedre y las Marinas, esconde una cara B marcada por la vulnerabilidad ambiental y una gestión política plagada de contradicciones. La velocidad del cambio es vertiginosa y las cifras oficiales no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del fenómeno. En apenas una década, la superficie dedicada al aguacate en tierras valencianas se ha multiplicado por diez, pasando de ser un cultivo testimonial de apenas 400 hectáreas en 2016 a superar ampliamente las 4.200 en la actualidad. Este crecimiento exponencial ha sido canalizado a través de organizaciones como Asoproa, que busca dar voz a un sector emergente que ya sitúa a la autonomía como la segunda productora de España, solo por detrás de Andalucía.

Pero este éxito comercial se asienta sobre una base biológica arriesgada: el aguacate es una especie tropical que requiere una humedad y una disponibilidad hídrica constantes, algo que choca frontalmente con la realidad de un territorio con un déficit hídrico estructural. Esta necesidad de riego sitúa al aguacate en la cúspide de la demanda de agua, especialmente cuando se compara con los cultivos que históricamente han definido el paisaje valenciano.

Mientras que el aguacate requiere entre 6.000 y 8.500 metros cúbicos por hectárea al año, otros cultivos de árboles como los cítricos y el caqui se sitúan en un escalón inferior, con un consumo de entre 5.500 y 7.000 metros. La diferencia es aún más sangrante si miramos hacia los frutales de hueso, que demandan entre 4.500 y 6.000 metros, o hacia los cultivos mediterráneos por excelencia: el almendro y la vid de regadío apenas necesitan entre 2.500 y 4.500 metros, mientras que el olivo se conforma con una horquilla de entre 1.500 y 3.000 metros. La apuesta por el aguacate supone, por tanto, elegir la opción más costosa para los acuíferos de estas comarcas.

Estrés hídrico y guerra del agua

En este contexto surge la paradoja política que define la gestión del gobierno de la Generalitat, en manos del PP. Desde la administración autonómica se apoyan las ayudas a la reconversión agraria y se aplaude la llegada de cultivos de alto valor añadido, presentándolos como una modernización necesaria del campo.

De hecho, el Consell ha redoblado recientemente su apoyo a través de la formación especializada, como demuestra la jornada técnica organizada en el Servicio de Transferencia de Tecnología de Elche, donde se ha incidido en el aguacate como una alternativa rentable y real para los productores. En estos foros institucionales se proporcionan claves sobre el manejo del cultivo y la lucha contra plagas para asegurar su expansión, consolidando el respaldo administrativo a esta transición productiva.

No obstante, este impulso a una agricultura sedienta convive con un discurso de máxima dureza institucional contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Resulta contradictorio que el mismo gobierno del PP que reclama con urgencia el mantenimiento de los trasvases y denuncia los recortes en el Tajo-Segura alegando que “no hay agua para regar”, esté fomentando simultáneamente, a través de asesoramiento técnico y formación pública, la sustitución de plantaciones tradicionales por una planta tropical que consume más recursos que cualquier otra.

Esta estrategia sitúa al campo valenciano en una encrucijada de difícil solución. Al incentivar el aguacate, la administración no solo aumenta la rentabilidad inmediata de las explotaciones, sino que también incrementa la dependencia del territorio de unas transferencias de agua que están en constante entredicho político y climático.

La apuesta por la tropicalización de la agricultura valenciana supone un compromiso a largo plazo con un consumo de agua que el propio ejecutivo del PP reconoce como escaso en sus protestas ante Madrid. Mientras el mercado siga demandando aguacates para los desayunos europeos, la presión sobre los recursos hídricos valencianos seguirá creciendo, dejando en el aire la pregunta de hasta cuándo podrá sostenerse este modelo en un escenario de sequía recurrente.