El Gobierno priorizará la vivienda sobre otras industrias para asignar la codiciada capacidad eléctrica que bloquea la construcción

El sector de la vivienda está padeciendo, como otras industrias españolas, los problemas de saturación de la red eléctrica. El 83,4% de los nudos de la red de distribución están saturados, según reflejan los mapas de capacidad hechos públicos por las patronales UFD y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). La propia Red Eléctrica admitió hace unos días que el 75% de la red de transporte está colapsada. Y esta circunstancia tiene paralizado el desarrollo de cientos de miles de viviendas en toda España -sólo en Madrid, hay 300.000 en esta situación, según los datos recopilados por la patronal regional Asprima-.

La falta de producción de obra nueva es una de las causas que han hecho que los precios de la vivienda se hayan disparado en los últimos años. Y el Gobierno, que ha hecho de esta materia uno de los principales ejes de su acción, no está dispuesto a que este problema se sume a la larga lista de trabas como la falta de mano de obra o la pesada carga burocrática que frenan la construcción de vivienda nueva. Por eso, el Ministerio de Transformación Ecológica planea poner en marcha varias líneas de actuación para priorizar la asignación de potencia eléctrica para la vivienda por delante de otras industrias, según explican a LA RAZÓN fuentes conocedoras de los planes.

El Gobierno se ha fijado como objetivo principal poner la capacidad existente a disposición de los usuarios reales de la misma frente a aquellos que la reservan y no la usan. Porque, ahora mismo, los desarrolladores de suelo y los promotores inmobiliarios se encuentran con un problema de plazos. Cuando hacen una reserva de capacidad de energía, tienen cinco años para usarla. Pero para muchos es imposible hacerlo porque los plazos actuales del urbanismo les llevan casi siempre a superar ese límite, por lo que tienen que iniciar el proceso de nuevo y situarse a la cola de la reserva. Desde Transición Ecológica, sin embargo, se considera que la normativa se puede matizar y modificar para evitar que tengan que volver a la casilla de salida.

Para priorizar los proyectos que realmente existen y tienen necesidad de energía por encima de simples reservas de capacidad que luego no se llegan a materializar -y que, según algunos análisis, ascenderían incluso al 87% del total de las reservas-, el Gobierno también va a trabajar para detectar cuáles son las necesidades de potencia que hay hasta 2030 en proyectos de vivienda con el objetivo de darles prioridad en la planificación de la red eléctrica. Esto supondrá dar un giro a las prioridades en materia energética, que ahora encabezan Adif, la empresa encargada de la construcción y gestión de la red ferroviaria, y Puertos del Estado.

El Ejecutivo también pretende elevar el límite en las redes un 60% extra para meter capacidad en vivienda e industria, principalmente.

Para optimizar los recursos, Transición Ecológica considera asimismo preciso delimitar de forma precisa la cantidad real de energía que se necesita para el desarrollo de cada vivienda de forma individualizada dado que, según algunas estimaciones, en la actualidad, se reserva hasta un 80% más de la que es precisa.

El ministerio también quiere conocer de primera mano el faseado, es decir, saber la capacidad que se requiere en cada momento según avanzan las promociones para ir liberándola de forma acompasada a los trabajos. Este detalle daría, además, margen para acompasar las inversiones.