Tensión en la “relación especial” entre Reino Unido y EE UU por la ofensiva en Irán
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Keir Starmer —jurista meticuloso y profundamente apegado al derecho internacional desde sus días como fiscal— ha caminado por una línea delicada: evitar la crítica pública al presidente estadounidense sin traicionar sus propios principios. El objetivo era preservar la histórica “relación especial” entre Reino Unido y Estados Unidos. Pero la guerra en Oriente Medio ha dejado al descubierto el estrechísimo margen de maniobra del primer ministro británico frente a un mandatario norteamericano cada vez más imprevisible.
La decisión de Londres de no sumarse a los ataques iniciales contra Irán ha provocado el momento de mayor tensión política hasta ahora entre ambos líderes, añadiendo fricción a unos vínculos transatlánticos ya erosionados por la política de “America First” y el enfoque marcadamente transaccional de Trump.
“La relación con el Reino Unido era la más sólida de todas. Pero ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa”, declaró Trump en una entrevista con The Sun. “Francia ha estado fantástica. Todos han estado fantásticos. El Reino Unido ha sido muy diferente a los demás. Es muy triste ver que la relación ya no es lo que era”, añadió.
Starmer bloqueó inicialmente el uso de bases británicas por parte de aviones estadounidenses en los bombardeos que comenzaron el sábado. Posteriormente autorizó el empleo de instalaciones en Inglaterra y en Diego García, en el océano Índico, pero exclusivamente para ataques “defensivos” contra misiles balísticos iraníes y sus depósitos, no contra otros objetivos estratégicos.
Incluso después de que la base británica de Akrotiri, en Chipre, fuera alcanzada por un dron de fabricación iraní —sin causar víctimas—, el primer ministro insistió en que el Reino Unido “no se sumará a acciones ofensivas”. Fue más allá al subrayar que el Gobierno no cree en el “cambio de régimen desde el aire”, en una crítica implícita a la lógica de Washington.
“Cualquier acción del Reino Unido debe tener siempre una base legal y un plan viable y bien pensado”, afirmó en la Cámara de los Comunes. Reconoció que Trump ha expresado su desacuerdo, pero recalcó que su deber es actuar conforme al interés nacional británico.
El Financial Times describió el episodio como el “momento Love Actually” de Starmer, evocando la escena de la mítica película en la que un primer ministro británico se enfrenta a un presidente estadounidense arrogante. La metáfora cinematográfica resume el choque de estilos: el pragmatismo jurídico de Downing Street frente al impulso político de la Casa Blanca.
Starmer ha sido especialmente explícito al invocar la sombra de Irak. “Todos recordamos los errores de Irak”, afirmó, recordando que el Reino Unido no participó en los ataques iniciales contra Irán ni lo hará en operaciones ofensivas. La referencia no es retórica. Crítico con la intervención de 2003, ha querido blindarse jurídicamente ante cualquier uso de la fuerza. De ahí su insistencia en un asesoramiento legal sólido dentro del Ejecutivo y en una interpretación estricta del derecho internacional.
El Gobierno fundamenta su postura en el principio de legítima defensa colectiva recogido en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Según Londres, su implicación es necesaria y proporcionada, responde a ataques en curso y se limita a proteger a aliados que han solicitado asistencia. El Ejecutivo notificará formalmente al Consejo de Seguridad las medidas adoptadas, buscando evitar las ambigüedades jurídicas que marcaron la guerra de Irak.
Sin embargo, la implicación británica ya es tangible. Activos del Reino Unido operan desde bases en Qatar y Chipre para interceptar drones y misiles dirigidos contra aliados regionales. La BBC da por probable que Washington utilice Fairford, en Gloucestershire, y Diego García para operaciones vinculadas a la neutralización de misiles iraníes. Londres planea reforzar la defensa de Akrotiri e incluso estudia el envío de un buque de guerra a la zona, consciente de que su capacidad de interceptación frente a misiles balísticos es limitada.
El riesgo político para Starmer es evidente. El gobierno laborista de Toni Blair ya quedó profundamente marcado por su participación en una guerra en Oriente Medio. El actual jefe del Ejecutivo intenta, por tanto, equilibrar la alianza estratégica con Estados Unidos, el respeto al derecho internacional y el respaldo de una opinión pública mayoritariamente escéptica ante una nueva escalada militar. Lo hace en un entorno geopolítico más inestable y con un socio estadounidense menos previsible que nunca.
Las encuestas muestran dudas entre los británicos sobre la justificación de la ofensiva. Desde la derecha, sin embargo, la oposición conservadora le reprocha no haberse alineado plenamente con Washington. Kemi Badenoch, líder de la oposición conservadora, ha defendido que su partido “respalda a Estados Unidos en esta acción necesaria contra el terrorismo patrocinado por el Estado”.
Downing Street insiste en que la “relación especial” no está en crisis. El ministro Stephen Doughty aseguró en la Cámara de los Comunes que el vínculo con Estados Unidos “ha resistido, sigue resistiendo y seguirá resistiendo” tanto en el plano económico como en el de la seguridad.