Pedro Sánchez no declarará en el juicio a Ábalos, que empieza el 7 de abril

El Tribunal Supremo (TS) sentará en el banquillo a partir del próximo 7 de abril a José Luis Ábalos -para quien la Fiscalía pide 24 años de prisión-, el que fuera su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Así lo ha decidido la Sala Penal tras rechazar todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los dos primeros, entre ellas la petición de remitir el procedimiento a la Audiencia Nacional tras la pérdida de su aforamiento.

La Sala acepta todos los testigos propuestos por la Fiscalía y por Aldama, lo mismo que en el caso de Ábalos, con la excepción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sí testificarán el ministro de Político Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares Francina Armengol.Quienes no declararán como testigos -como había solicitado la defensa de Koldo- son el presidente de la Generalitat, y exministro de Sanidad, Salvador Illa), ni los 13 que había solicitado la acusación popular, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y la exministra de Industria Reyes Maroto.

En total, por el juicio pasarán 75 testigos y una veintena de peritos. Esa lista de testigos incluye a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (solicitada por Ábalos y Koldo); la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras (a petición de Koldo García); el exgerente del PSOE Mariano Moreno (solicitado por Ábalos, Koldo García y la acusación popular); así como exjefes de gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado y varios empresarios y familiares de los acusados.

Anticorrupción reclama una condena de 19 años y medio de cárcel para Koldo y de siete años de prisión para Aldama. La acusación popular, que lidera el PP, eleva a 30 años de prisión su petición de penas para el exministro y su asesor por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, delito este último por el que pide para ambos multas que suman 3,7 millones de euros.

La posibilidad de que el juicio arrancase este mes ya se había complicado mucho una vez el actual abogado de Ábalos, Marino Turiel, trasladó el pasado enero al Supremo el calendario de juicios que ya tenía señalados con anterioridad tras asumir la defensa del ex secretario de Organización del PSOE (en sustitución del letrado Carlos Bautista). Un calendario que incluía 18 sesiones en marzo (todas las semanas de lunes a jueves) por el juicio al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a otras trece personas por el «caso Púnica».

El objeto del proceso

En este proceso se sustanciará si Ábalos y Koldo, "con la intermediación y en connivencia" con Aldama, amañaron la adquisición de mascarillas en pandemia por parte del Ministerio de Transportes (a través de Adif y Puertos del Estado) y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres a cambio comisiones entregadas por Aldama, "quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

Ábalos habría sido recompensado también con el pago de los alquileres de la vivienda de su entonces pareja sentimental, Jésica Rodríguez, del alquiler con derecho a compra de un chalet en Cádiz, y de un contrato de alquiler, con opción de compra, de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta, 750.000 euros, "muy inferior al de mercado".

El objeto del proceso también incluye la contratación de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, y de la ex miss Asturias Claudia Montes, así como las gestiones de Aldama en favor del rescate de Air Europa y en los ministerios de Industria de Reyes Maroto -para la obtención de una licencia de hidrocarburos para Villafuel- y Economía a través del jefe de gabinete de María Jesús Montero para frenar una reclamación tributaria.

Insiste en un juicio con jurado popular

Ábalos ha intentado sin éxito -secundado por Koldo García- que sea un jurado popular el que le juzgue, pero el magistrado Leopoldo Puente, respaldado por la Sala, ha rechazado esta posibilidad.

Su defensa sostiene que al ser los delitos de malversación y cohecho (dos de los que han llevado al banquillo a Ábalos) competencia del tribunal del jurado, el resto de los delitos que se le imputan (salvo el de prevaricación) también deben ser juzgados por el mismo medio por conexidad.

Ni Ábalos y ni Koldo solicitaran ser juzgados por un tribunal del jurado cuando recurrieron el auto de procesamiento del pasado noviembre -se encargó de recordarles Puente-, unos recursos que fueron desestimados por la Sala de Apelación. Fue en ese momento, destacó el instructor, cuando quedó "determinado" el procedimiento a seguir.

Maniobras dilatorias

En octubre del pasado año, el juez Puente atribuyó a una maniobra dilatoria y un fraude de ley la decisión de Ábalos de cambiar de abogado a menos de 48 horas de declarar en el Supremo como investigado y afrontar un posible ingreso en prisión (que finalmente se haría efectivo un mes más tarde, en su comparecencia de noviembre). Hasta el punto de que el instructor le obligó a acudir a la declaración con su hasta entonces abogado, José Aníbal Álvarez.

La historia se repitió a pocos días de que el Supremo revisara la prisión del exministro con la renuncia de Bautista, aunque en esa ocasión, y para no demorar esa comparecencia, el juez Puente determinó que fuese el exfiscal de la Audiencia Nacional quien representase a Ábalos en la vista para no lesionar su derecho de defensa.