El 8M no puede ser un estandarte oficial
Estamos a pocos días del Día Internacional de la Mujer y a más de un año de gobierno de la primera presidenta en México; resulta imprescindible hacer un balance crítico sobre la situación de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país.
La llegada de Sheinbaum rompió un techo de cristal con enorme potencial político. También abrió una gran ventana para reordenar instituciones, leyes y programas con perspectiva de género.
Ciertamente, hay avances de diseño y algunas métricas oficiales favorables; sin embargo, la deuda está en la ejecución territorial, el acceso a la justicia y la consistencia presupuestaria.
Ningún 8 de marzo puede volverse fecha de emblema institucional; es una fecha de movilización, duelo y auditoría que naturalmente lleva a confrontar al Estado con las demandas sociales.
Entre los avances en favor de la protección de las mujeres, tenemos las reformas que fortalecen la debida diligencia en casos de violencia de género.
También es indispensable señalar los programas sociales que otorgan pensión para mujeres de 60 a 64 años, para reconocer el trabajo doméstico no remunerado que durante décadas sostuvo a millones de familias mexicanas.
Asimismo, se han promovido acciones institucionales para el empoderamiento económico de las mujeres, como la expansión de centros de atención y capacitación que ofrecen apoyo psicológico, jurídico y formación laboral. Y hoy, la paridad es ya una realidad para muchos cargos públicos.
Sin embargo, los logros conviven con deudas históricas que el Estado mexicano aún no ha logrado saldar y que, en ocasiones, pareciera no le interesa cubrir.
A pesar de los anuncios oficiales sobre reducciones en algunos delitos, lo cierto es que miles de feminicidios cada año se siguen abordando como homicidios dolosos, sin perspectiva de género, lo que genera subregistro e invisibiliza la dimensión real de esta violencia.
De continuar esta línea, la violencia contra las mujeres seguirá siendo nuestra regla y México persistirá como uno de los países con más altos niveles de este delito en el mundo.
Las consecuencias de esta violencia también alcanzan a quienes sobreviven. Miles de niñas, niños y adolescentes quedan en situación de orfandad a causa del feminicidio de sus madres.
La ausencia de una política pública integral, con enfoque de derechos de la niñez y perspectiva de género, para atender esta realidad constituye una omisión grave.
Muchas de las mujeres víctimas eran jefas de familia o sostenían económicamente sus hogares, por lo que el impacto no es solo emocional, sino también estructural.
Por su parte, la ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados plenamente articulado y con financiamiento suficiente que avance hacia un modelo corresponsable entre familias, mercado y sector público, hace que las mujeres y niñas de México continúen sin autonomía económica y con un acceso limitado al mercado laboral que merma su desarrollo personal.
A esta deuda se suma la crisis de desapariciones. México enfrenta una cifra que supera las 100 mil personas desaparecidas registradas oficialmente.
En este contexto, las madres buscadoras —mujeres que buscan a sus seres queridos ante la insuficiencia de las investigaciones estatales— se han convertido en actoras centrales en la defensa de derechos humanos. Muchas de ellas han sido objeto de amenazas y agresiones, incluso letales.
El Estado no solo tiene la obligación de investigar con debida diligencia las desapariciones, sino también de garantizar la protección integral de quienes buscan justicia.
Esta es una doble deuda en el marco del 8 M: con las mujeres desaparecidas y con las madres buscadoras.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer pasa por reconocer avances sin dejar de exigir resultados sobre los compromisos pendientes.
Transitar del simbolismo y el discurso al financiamiento y resultados medibles a corto y largo plazo, es el único punto de encuentro para llegar todas sin dejar a ninguna atrás.