El PSOE sitúa a EEUU como el origen de la «ola ultra»
La Transición española puede entenderse también como una partida de ajedrez disputada por los dos grandes bloques de la Guerra Fría sobre el tablero internacional. Estados Unidos –que está inmerso en una nueva ofensiva militar en Oriente Medio– siguió con enorme atención el «proceso lento, paso a paso» hacia la «liberalización» de España, el término con el que buena parte de la élite política estadounidense, encabezada entonces por el presidente Gerald Ford, describía el tránsito desde el franquismo hacia la democracia.
La prioridad de Washington era clara: evitar movimientos bruscos que pudieran inquietar a los sectores inmovilistas del régimen. Aunque la Casa Blanca no intervino directamente en los acontecimientos, sí mantuvo una vigilancia constante sobre la península ibérica, sobre todo después de la Revolución de los Claveles en Portugal, que puso fin de manera abrupta a cuarenta años de dictadura. En Washington existía el temor de que el comunismo encontrara un terreno fértil en el sur de Europa.
En realidad, resulta difícil comprender la historia reciente de España sin tener en cuenta la influencia estadounidense. Pero si algo queda claro es que la posición española ante el gigante americano está marcada por la política interna. Durante casi medio siglo de democracia, el Partido Socialista Obrero Español, la fuerza política que más tiempo ha gobernado el país, ha mantenido una relación compleja con Washington. Una relación salpicada de desencuentros, aunque casi siempre resuelta con un acercamiento final al aliado atlántico. Pura realpolitik.
El primer gran choque llegó a cuenta de la OTAN. En 1977, Felipe González y Alfonso Guerra trasladaron en Moscú a los dirigentes de la Unión Soviética que el PSOE mantendría una posición de neutralidad ante las presiones de Estados Unidos para ingresar cuanto antes en la Alianza Atlántica.
A comienzos de los años ochenta, los socialistas impulsaron una intensa campaña contra la entrada de España en la OTAN que conectó especialmente con el voto joven. Sin embargo, aquella estrategia no resultó determinante. Fue el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, al frente de la Unión de Centro Democrático, quien aceleró las negociaciones con Washington y formalizó la incorporación de España a la Alianza el 30 de mayo de 1982, apenas un año después del intento de golpe de Estado del 23-F.
Meses más tarde, en octubre, González cerró su campaña electoral prometiendo un referéndum sobre la permanencia en la OTAN. Aquella promesa funcionó como un poderoso argumento político: el PSOE obtuvo una victoria histórica en las elecciones del 28 de octubre, con 202 escaños.
Pero el contexto internacional pronto estrechó el margen de maniobra del nuevo presidente socialista. Una vez en La Moncloa, González comprobó que sacar a España de la OTAN era prácticamente inviable. Aun así, cumplió su promesa de convocar la consulta, celebrada en marzo de 1986. El resultado pudo haber sido adverso para el Gobierno si el propio presidente no hubiera advertido de que dimitiría en caso de derrota.
La Guerra Fría –que se intensificaría hasta la caída del Muro de Berlín y el posterior colapso de la Unión Soviética– actuaba como un ancla geopolítica que mantenía a España dentro de la Alianza. El PSOE pasó así del lema «OTAN, de entrada no» a defender la permanencia. Ese giro generó desconfianza en el corazón de Washington, consciente del valor estratégico de España en el flanco sur de Europa.
El cambio de posición también tuvo consecuencias en las negociaciones sobre las bases militares estadounidenses en territorio español –Rota, Morón y Torrejón–, que se convirtieron en un foco recurrente de fricción diplomática. González trató de renegociar los acuerdos bilaterales para limitar el uso y la presencia militar estadounidense en estas instalaciones, algo que nunca fue bien recibido al otro lado del Atlántico.
En la década de los noventa, España participó en la coalición internacional liderada por Estados Unidos en la Guerra del Golfo, aunque lo hizo con un apoyo fundamentalmente logístico. Esa implicación limitada provocó cierta decepción en Washington, que esperaba un compromiso mayor de sus aliados europeos. La prudencia del Gobierno reflejaba el intento de equilibrar su política exterior entre Europa y Estados Unidos.
Las tensiones se intensificaron durante el mandato del siguiente presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Antes incluso de llegar a la Moncloa, su decisión de permanecer sentado durante el paso de la bandera estadounidense en el desfile militar del 12 de octubre de 2003 generó un profundo malestar en los círculos diplomáticos de Washington.
Ya como presidente, en marzo de 2004, ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak para alinearse con el rechazo mayoritario de la sociedad española a la guerra, que ahora el presidente Sánchez está intentando agitar de nuevo.
La decisión deterioró de inmediato las relaciones con la Administración de George W. Bush, que interpretó el movimiento como una señal de falta de compromiso con la coalición internacional. España dejó de ser considerada un socio fiable.
La relación personal entre Bush y Zapatero fue distante, algo que se evidenció en foros internacionales como la cumbre de la OTAN de 2004, donde el presidente estadounidense evitó el contacto directo con el dirigente español. Zapatero optó entonces por reforzar el eje europeo formado por París y Berlín. Durante sus gobiernos –y en menor medida también bajo la presidencia de Pedro Sánchez– España ha mantenido una relación relativamente cordial con países gobernados por la izquierda latinoamericana, como Venezuela, Bolivia o Cuba.
Washington ha observado con recelo esa aproximación, dado que su política hacia esos regímenes ha sido mucho más confrontativa. En particular, la cercanía de Zapatero con Nicolás Maduro y su papel como mediador en la crisis venezolana han sido interpretados en ciertos sectores estadounidenses como una posición contraria a sus intereses. Y ahora, esa misma cercanía se le echa en cara a Sánchez.
La presidencia de Donald Trump es ya un nuevo capítulo de las fricciones entre un presidente socialista español y Washington. Pedro Sánchez ha decidido erigirse en su némesis global. Más ahora en pleno ataque estadounidense a Irán. El líder socialista utiliza la figura de Trump como elemento de contraste político.
Según la estrategia diseñada en Moncloa, el presidente del Gobierno pretende confrontar con el mandatario estadounidense –al que sitúa como símbolo de la «ola reaccionaria»– para reforzar su propio discurso frente al Partido Popular y Vox. Sánchez aspira así a presentarse como el contrapeso ideológico de Trump en el tablero político español.
El diagnóstico que se está empezando a formular en el entorno intelectual del Gobierno –y que verbaliza el presidente de la Fundación Avanza, el economista Manuel Escudero– introduce una distinción relevante en el debate político europeo: la diferencia entre democracias liberales y democracias sociales.
En términos clásicos, la democracia liberal se identifica con el Estado de derecho, la separación de poderes y la protección de libertades individuales, mientras que la democracia social añade una capa adicional basada en derechos sociales, redistribución y Estado del bienestar.
La tesis que se plantea es que el actual auge de la derecha radical –que el análisis vincula al nuevo ciclo político en Estados Unidos– estaría erosionando algunos consensos del liberalismo político, pero no la base social sobre la que se ha construido el modelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
En ese marco se sitúa también la referencia constante a Estados Unidos. Durante décadas, el país ha ejercido como hegemonía política, militar y cultural del bloque occidental, lo que ha influido de manera decisiva en el diseño del orden liberal internacional y en la arquitectura institucional de Europa.
Sin embargo, el argumento que empieza a circular en círculos progresistas europeos sostiene que parte de los centros de producción ideológica y tecnológica estadounidenses están impulsando hoy corrientes políticas más nacionalistas, que cuestionan ese mismo orden liberal que Washington contribuyó a construir tras 1945. De ahí que el regreso de Trump a la Casa Blanca se interprete como un factor de tensión para Europa.