La nueva economía del impacto
Durante décadas, el desempeño de muchos proyectos se evaluó principalmente por la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de actividades y la producción de informes. Ese enfoque permitió ordenar la gestión de los proyectos de cooperación internacional, pero hoy resulta insuficiente para quienes asignan recursos en un contexto orientado a resultados. La pregunta central del nuevo enfoque de financiamiento es otra, más exigente y precisa: ¿qué transformó concretamente nuestra inversión?
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¿Se crearon empleos formales? ¿Aumentó la productividad? ¿Se redujeron brechas sociales o impactos ambientales? ¿Qué cambió, de manera verificable, en la vida de las personas o en la competitividad de los territorios? Medir impacto dejó de ser un ejercicio técnico reservado a especialistas. Hoy se ha convertido en un factor determinante para acceder al capital internacional y a los grandes fondos de desarrollo.
El modelo mismo de la cooperación está cambiando. La lógica tradicional de la ayuda basada en donaciones está evolucionando hacia esquemas que combinan cooperación e inversión estructurada como la Global Gateway Investment Agenda (GGIA), que orientan el capital hacia proyectos con impacto verificable en desarrollo sostenible e infraestructura. El mercado mundial de inversión de impacto ya supera el billón y medio de dólares, según el GIIN, y crece sostenidamente. Los organismos multilaterales priorizan proyectos capaces de demostrar efectos concretos. La OCDE lo enmarca hace más de una década como «cooperación basada en resultados». El mundo de la inversión responsable lo vive como su normalidad.
Para Bolivia, esto representa algo más que una tendencia global distante. Es una oportunidad concreta —y urgente— de reposicionamiento estratégico en un momento de creciente competencia internacional por recursos de cooperación e inversión de calidad.
El país tiene talento empresarial, recursos naturales y sectores productivos con potencial genuino. Lo que el nuevo contexto exige es algo adicional: la capacidad de hablar el idioma del impacto, de traducir proyectos en evidencia y las inversiones en transformaciones con trazabilidad verificable. En la competencia global por capital privado y fondos de desarrollo, esa capacidad marca la diferencia entre acceder a financiamiento o quedar fuera de la conversación que definirá el desarrollo de los próximos años.
Desde Santa Cruz, CAINCO, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo, ha incorporado la medición de impacto como eje central de varios de sus programas. El proyecto nacional Emprende Verde impulsa emprendimientos juveniles vinculados a negocios sostenibles; el programa regional EU-LAC Social Accelerator conecta innovación social latinoamericana y del Caribe con capital internacional orientado a resultados; AL-INVEST Verde y AL-INVEST Next fortalecen capacidades empresariales para operar bajo estándares ambientales, sociales y de gobernanza, los mismos que hoy abren puertas al financiamiento responsable.
En esa misma dirección se plantea la urgente necesidad de dar respuesta a uno de los mayores desafíos actuales del desarrollo en Bolivia: la escasez de proyectos estructurados y listos para recibir inversión internacional. Para ello se propone la creación de una plataforma de inversión y desarrollo destinada a identificar, estructurar y preparar proyectos bolivianos en sectores estratégicos —entre otros, agroindustria sostenible, transición energética, economía circular, infraestructura resiliente y transformación digital— diseñada para conectarlos con esquemas de blended finance que combinan cooperación internacional y capital privado para viabilizar inversiones de alto impacto.
La tendencia del financiamiento internacional es cada vez más clara: los proyectos sin métricas sólidas no compiten. Los territorios que no demuestran impacto no atraen inversión de calidad. Bolivia tiene lo que se necesita para estar en esa conversación.
(*) Katerina Poppe es ejecutiva de Evaluación de Impacto Social – CAINCO
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