El juez se da más tiempo por la «compleja» trama del pagador de Alvise
La Audiencia Nacional se da, al menos, seis meses más para seguir con la investigación contra Álvaro Romillo por la macroestafa de más de 180 millones de euros que presuntamente lideró a través de Madeira Invest Club (MIC). Es el mismo empresario que financió con 150.000 euros en efectivo y de manera presuntamente irregular al eurodiputado Alvise Pérez.
En un nuevo auto, conocido en primicia por LA RAZÓN, el magistrado José Luis Calama amplía la fase de instrucción, pese a que ya procesó a Romillo el pasado diciembre, y al estar varias las diligencias de investigación aún pendientes de ser practicadas. Las pesquisas que aún tienen que ser ejecutadas, subraya el juez , «obligan a prorrogar indefectiblemente la instrucción de la causa, puesto que no se puede descartar que, del resultado de esas diligencias pendientes, arranquen nuevos elementos sobre los que deberán practicarse otras nuevas diligencias». Sin olvidar el resultado que arrojen las pendientes hasta el momento que ya fueron acordadas en resoluciones que dictó con anterioridad.
Pero es que el magistrado Calama no pasa por alto que la investigación que dirige en esta causa «tiene un carácter complejo», principalmente por razón de la «infraestructura» de la que disponía esta organización criminal desarrollada bajo la falsa apariencia de un club de inversión.
El entramado, destaca, se estructuraba en torno a numerosas sociedades, radicadas tanto en nuestro país como en el extranjero, con no pocas cuentas bancarias, bienes inmuebles y muebles, que eran titulados por los individuos y personas jurídicas imputadas en varios países del mundo.
El titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la AN expone que, para empezar, tiene que fijar una fecha para llevar a cabo la declaración indagatoria tanto al cabecilla como al resto de sus más estrechos colaboradores en el «chiringuito financiero» que era, según la CNMV, MIC.
Asimismo, el instructor espera la recepción de diversas órdenes europeas de investigación (OOEEII) y de las comisiones rogatorias cursadas a terceros países y que, posteriormente, precisarán de un análisis policial.
Entre otras, no ha recibido aún respuesta a la orden librada a las autoridades de Portugal, el pasado enero, para que la entidad bancaria titular de una de las cuentas del entramado fraudulento remitiese el detalle de terceras cuentas a las que se enviaron los adeudos, bajo el concepto «recompra», superiores a los 50.000 euros.
También falta otra petición cursada a las autoridades lusas, ya en febrero, para que remitiesen los extractos de los movimientos bancarios registrados en esta misma cuenta de banco portuguesa. A su vez, el magistrado Calama subraya que el propio Romillo tenía sus depósitos financieros personales en el país vecino.
Asimismo, espera tener acceso al testimonio de la causa que se sigue, paralelamente, en el tribunal central de investigación criminal de Lisboa contra el MIC.
El instructor insiste, como justificación para alargar esta fase del procedimiento, en que las indagaciones emprendidas hasta el momento resultan complicadas y «extensas en relación tanto con aspectos empresariales como con los movimientos efectuados por los investigados». Esto implica que las diligencias «se encuentren en un estado incipiente», un año y casi seis meses después. Por lo que tendrá un mayor margen de actuación que se extenderá hasta el próximo 20 de septiembre.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que sigue en proceso de elaboración el informe definitivo de la Agencia Tributaria (AEAT) que aclarará si pudo haber cometido un delito fiscal entre los años 2022 y 2024. Así como otro informe policial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo al examen del total de los listados requeridos a los 466 perjudicados. Estos aportaron, tal y como ya informó este diario, el importe individualizado del dinero que habría perdido cada cliente y que coloca la cifra por encima de los 64 millones de euros.
El juez de la AN trae a colación que aún tienen que ser resueltos por parte de la Sala de lo Penal de la AN los recursos que contra su procesamiento por delitos de estafa y organización criminal interpusieron las defensas. La transformación de su condición procesal afectó, además de a Romillo, a sus colaboradores Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías y el abogado Pedro Estanislao Bris; a su propio padre, Domingo Romillo; a la pareja del empresario, Mihaela Munteanu, y a otras cuatro personas más. Tienen también que resolverse otras apelaciones presentadas por algunas partes contra la agrupación de las acusaciones en cuatro representaciones.
Fiscalía reclamó seguir investigando
El Ministerio Fiscal interesó en un informe, con fecha del pasado febrero, que se dictase por parte del instructor una prórroga de la instrucción al estimar que no ha sido, de momento, completada la investigación. En la misma línea de alargar la instrucción se pronunciaron los nuevos abogados de Romillo, que defienden la necesidad de realizar más diligencias, y las defensas de su progenitor y de la que es su pareja. Y, de igual forma, el mismo criterio mostraron las acusaciones particulares que lideran los despachos Zaballos Abogados y Soriano i Piqueras.