Apremian al juez Peinado a no cerrar otra causa contra el alto cargo de Ribera imputado en el "caso Forestalia"
El juez Juan Carlos Peinado tiene que decidir si mantiene abierta otra investigación contra el que fuera alto cargo de Teresa Ribera en Transición Ecológica Eugenio Domínguez –pieza clave en el «caso Forestalia» que indaga en supuestos amaños en los permisos a proyectos de energías renovables pese a su elevado impacto ambiental–. El patrón es parecido, pues en este caso se cuestionan los avales de impacto ambiental del ministerio a una planta solar fotovoltaica en Alcántara (Cáceres), por los que el que fuera alto cargo de Teresa Ribera está investigado por prevaricación, al igual que la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque.
Tanto la Abogacía del Estado, que asume la representación del ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, como Fiscalía apremian al juez Peinado –instructor además del «caso Begoña Gómez», en el que Abogacía del Estado y Fiscalía se han alineado con las peticiones de archivo de la defensa de la esposa de Pedro Sánchez– a cerrar el caso al considerar que el instructor prorrogó el procedimiento fuera de plazo. Pero la acusación popular que ejerce el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) –que con su denuncia en enero de 2023 en un juzgado de Cáceres dio origen al procedimiento– discrepa y niega que la prórroga sea irregular, por lo que en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN pide al juez que siga adelante con la instrucción.
En ese escrito, la acusación defiende que «nos encontramos ante una instrucción en curso, prorrogada en plazo y forma y garantista del derecho de defensa de los investigados», por lo que entiende que «no puede acordarse la nulidad» de la citación como investigada de Gómez Palenque (que Fiscalía y Abogacía del Estado ven nula por haberse producido tras la prórroga) porque fue «correctamente citada», al igual que Domínguez (que declaró hace dos semanas), «dentro del plazo de instrucción».
La Fiscalía apreció indicios de prevaricación
La letrada de Fondenex, Adoración Aventín, cuestiona la fecha de referencia que toman Fiscalía y la Abogacía del Estado para concluir que la causa fue prorrogada con el plazo ya agotado, pues ambas alegan que este expiró el 23 de mayo de 2025, cuando se cumplió un año de la fecha en que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de Alcántara (Cáceres) abrió diligencias previas por estos hechos y se inhibió en favor de los juzgados de Cáceres tras la denuncia de Fondonex.
La asociación para la defensa del patrimonio alertó entonces de que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica de Alcántara vulneraba la normativa ambiental nacional y europea.
Y tras las primeras pesquisas –una vez el Ministerio para la Transición Ecológica remitió a petición judicial el expediente completo de la Declaración de Impacto Ambiental, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía elaboró un exhaustivo informe, posteriormente ampliado–, el Ministerio Público sí advirtió irregularidades. Aunque posteriormente, como adelantó «El País», ha terminado solicitando el archivo.
De hecho, la acusación popular recuerda que tras recibir ese informe, la Fiscalía apreció «indicios claros de concurrir delito de prevaricación» y concluyó que a tenor de sus conclusiones el aval de impacto ambiental del proyecto «es manifiestamente contrario a la normativa nacional y europea de protección ambiental», se aparta «groseramente de los objetivos legales de conservación ambiental de los hábitats y espacios protegidos» y «favorece arbitrariamente el interés del promotor».
Fiscalía y Abogacía del Estado esgrimen en su petición de nulidad la Circular 1/2021, de 8 de abril, de la Fiscalía General del Estado, que dispone que en el caso de las inhibiciones por cuestiones de competencia, la fecha a tener en cuenta como inicio de las actuaciones «será la del primer auto de incoación que se dicte».
"Acumulación" de acciones
Sin embargo, la acusación popular se desmarca de ese criterio al rechazar que estemos «ante un supuesto únicamente de inhibiciones». Se trata, subraya su letrada, «de una acumulación de acciones», por lo que defiende que el plazo debe computarse desde que se dictó el auto de incoación de las últimas diligencias iniciadas, es decir, el que firmó el juez Peinado el 10 de octubre de 2024 tras asumir la causa.
El instructor, defiende Fondonex, llegó a la conclusión tras recibir el informe ampliatorio de la Fiscalía de Medio Ambiente de que se generaba «un nuevo bloque de hechos que pueden dar incluso lugar a nuevos delitos», por lo que el 17 de octubre del pasado año acordó prorrogar el procedimiento por 18 meses más, tomando en consideración la fecha del auto de incoación de diligencias previas en octubre del año anterior, y declarar compleja la causa.
La Fiscalía de Medio Ambiente apuntó en su informe que la implantación de la planta solar FV Tagus presenta «ciertas discrepancias» con lo dispuesto en el Plan Director contemplado en el decreto que regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, ya que se encuentra en una Zona de Alto Interés y en una Zona de Interés. Un plan que señala que las nuevas instalaciones industriales de producción de energía «deben localizarse preferentemente fuera de estas zonas». Con estas premisas, advirtió de que la documentación aportada al expediente no acreditaba «de manera clara, específica y detallada» la justificación para que la instalación «se realice en estas áreas» y no «preferentemente fuera de ellas».
El impacto de las energías renovables
Al mismo tiempo, hacía unas consideraciones generales al admitir que aunque «incrementar al máximo la producción de energía a partir de fuentes renovables es un objetivo ineludible y urgente», el desarrollo de grandes instalaciones de energía fotovoltaica supone «una transformación del paisaje». Entre los «principales impactos», se refería al «deterioro o pérdida de hábitats naturales, que son reemplazados por infraestructuras artificiales, la alteración de los procesos ecológicos y la fragmentación del territorio, lo que reduce la conectividad de los ecosistemas, siendo las aves de los grupos más afectados».
La Fiscalía especializada en Medio Ambiente especificaba que la normativa de conservación de los Espacios Naturales Protegidos (recogida en la Ley 42/2007) no excluye de esas áreas las instalaciones de producción de energía. Pero, añadía, "es difícil considerar que una instalación industrial de producción de energía sea compatible con la preservación de los valores que motivaron la protección de estos espacios".
"El fomento de energías renovables para luchar contra el cambio climático a costa de ecosistemas que son por sí mismos reservorios de carbono", alertaba en este sentido, "puede resultar en algunos casos incoherente con las propias estrategias de mitigación del cambio climático".