30.000 euros de indemnización para una mujer despedida por teléfono tras 17 años y 530 contratos temporales para la misma empresa
El consejo de prud'hommes, el órgano encargado de mediar en conflictos laborales en Francia, ha dictado una sentencia que obliga a una clínica de las afueras de Nantes a indemnizar a la trabajadora con unos 30.000 euros.
El fallo, hecho público el pasado 17 de enero y reportado el mismo día por el medio Quest France, considera que el despido se produjo sin causa real ni grave y ha requalificado la totalidad de los contratos eventuales como un contrato indefinido.
La trabajadora, que había dedicado 17 años de su vida profesional al servicio de maternidad del centro, recibió la notificación de su cese en noviembre de 2023.
La comunicación no fue presencial, sino a través de una llamada telefónica en la que se le informaba de que, debido a una reorganización interna y un presunto problema de comportamiento, no sería contratada nuevamente.
El impacto emocional fue tal que la auxiliar, que confesaba echar de menos a las madres a las que cuidaba, necesitó recurrir a un apoyo psicológico ofrecido por France Travail.
Un conflicto que evidencia la precariedad de los seniors en el sector sanitario
La mujer sumaba 530 contratos de duración determinada a sus espaldas, un récord que su propio abogado, Cédric Robert, confesó no haber visto nunca. La dirección del grupo propietario de la clínica, argumentó en su momento que "la empleada podía beneficiarse de un puesto permanente, pero no lo quiso".
La interesada matizó esta versión al explicar que, si bien el formato de contratos temporales le permitía trabajar al 80% de la jornada, las ofertas de titularización que recibió eran siempre para puestos con una carga horaria del 60%, lo que desmontaba la acusación de que rechazara la estabilidad por voluntad propia.
La sentencia no solo reconoce el carácter abusivo de la concatenación de contratos, sino que estima que la ruptura laboral se trató de un despido improcedente. Por este concepto, la empresa ha sido condenada a pagar una indemnización de 13.073 euros.
A esta cantidad se suman otros conceptos salariales y de antigüedad, elevando la factura final para la clínica hasta cerca de los 30.000 euros.
La afectada, que ahora tiene 61 años, se había convertido en un símbolo involuntario de la situación de muchos profesionales senior en Francia.
En declaraciones recogidas por Quest France durante el proceso, la auxiliar manifestó su sensación de "costar demasiado cara" a la empresa, un sentir que la llevaba a identificarse con ese 42% de parados de edad avanzada en el país, una cifra que, pese a la reciente mejoría, sigue reflejando las dificultades de un sector que, paradójicamente, vive una constante tensión por la falta de personal.