El PSOE sopesa un tope del 2% a los alquileres en el decreto de ayudas por la guerra de Irán y Sumar dice no: sólo aceptará la congelación de rentas
El PSOE y Sumar siguen manteniendo profundas diferencias al respecto de cómo gestionar la crisis habitacional que vive España. Aprovechando la aprobación el próximo viernes de un decreto con medidas de apoyo económico para aliviar los efectos de la guerra de Irán, estas tensiones se han vuelto a airear. Mientras que Sumar ha vuelto a poner sobre la palestra la necesidad de congelar todos los alquileres que vencen este año, el PSOE, de momento, ofrece una alternativa con la que su socio de Gobierno no traga.
Según ha informado EFE, la parte socialista del Gobierno contempla la posibilidad de topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de La ley de Vivienda (26 de mayo de 2023).
Los contratos de arrendamiento anteriores a esta normativa se actualizan con el IPC interanual, que en febrero se situó en el 2,3%, mientras que los posteriores se actualizan con el índice para alquileres que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en febrero subió al 2,16%.
El tope extraordinario del 2% que proponen los socialistas ya se aprobó en 2022 -vinculado a la guerra de Ucrania- y estuvo vigente, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023.
Desde Sumar, sin embargo, se mantienen en la misma posición que ya manifestaron cuando el Gobierno anunció penalizaciones en el IRPF para los caseros que incrementen las rentas: sólo aceptarán una congelación generalizada de los alquileres.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha insistido en rueda de prensa en que la prórroga de los contratos es para ellos la "prioridad absoluta" en la negociación y la "medida central" en la que están poniendo todo su empeño.
En 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Casi 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027, según los cálculos que han realizado desde Sumar.
Otras medidas
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también ha declarado que van a presionar para que el decreto incluya "medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España, para impedir que la crisis de vivienda que vive la gente trabajadora se vea agravada en este contexto de alzas de precios".
Sumar se ha coordinado con los socios parlamentarios de la izquierda para pedir al PSOE que incluya en el decreto la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, derogada el pasado febrero por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts.
Fuentes cercanas a la negociación señalan, sin embargo, que los socialistas también se resisten a incluir esta medida en el decreto y que solo aceptan incorporarla si afecta únicamente a los colectivos "supervulnerables".