La retirada por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa , del proyecto de presupuestos para 2026 constituye un episodio revelador de la actual dinámica política en Cataluña y, por extensión, en el conjunto de España. La decisión evita que el proyecto fuese rechazado en el Parlament tras el anuncio de Esquerra Republicana de presentar una enmienda a la totalidad si no se avanzaba en la cesión del cien por cien del IRPF a la Generalitat. Ante una derrota prácticamente segura, el Govern optó por retirar las cuentas y abrir un nuevo periodo de negociación. El movimiento se ha presentado oficialmente como un gesto de responsabilidad. Sin embargo, los hechos evidencian un contexto más complejo. ERC había condicionado su apoyo a una transferencia fiscal que el Gobierno central no está dispuesto a concretar antes de las elecciones andaluzas, por el evidente coste electoral que podría tener para la candidata y ministra de Hacienda del PSOE. La decisión también pone en evidencia el carácter instrumental de la amenaza de adelanto electoral que el entorno de Illa había hecho circular en las últimas semanas. En realidad, prácticamente nadie en el panorama político catalán consideraba verosímil esa amenaza: ni al Ejecutivo ni a la oposición les convenía abrir ahora un proceso electoral que podría desembocar en un Parlamento aún más fragmentado e ingobernable. Al retirarse las cuentas, ese recurso táctico queda expuesto como un farol político que erosiona la credibilidad del presidente catalán. Pero la dimensión más significativa de este episodio es institucional. Cataluña se encuentra con un Gobierno que había presentado un proyecto presupuestario sin contar con los apoyos necesarios y que, ante la perspectiva de una derrota, opta por retirarlo. En el Parlament se ha recordado que es la primera vez que un presidente de la Generalitat se ve obligado a dar ese paso, lo que refleja la debilidad parlamentaria del Ejecutivo socialista. Esta situación, además, se produce en paralelo a la anomalía que representa el Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva años gobernando sin presentar el correspondiente proyecto de cuentas públicas en el Congreso. La coincidencia no es casual. Al retirar las cuentas catalanas, Illa evita abrir un frente político que habría incrementado la presión sobre La Moncloa para cumplir también con su obligación constitucional. El resultado es una preocupante imagen de subordinación partidista. Cataluña, como España, necesita estabilidad presupuestaria para planificar inversiones, garantizar servicios públicos y ofrecer certidumbre económica. Convertir la elaboración de las cuentas en una pieza más del calendario electoral del PSOE no solo debilita al Govern, sino que transmite la impresión de que la política catalana se decide en función de intereses ajenos a la comunidad. Gobernar exige asumir riesgos y sostener las decisiones propias ante el Parlamento. Cuando las decisiones se supeditan a puros cálculos electorales, la autoridad política se resiente. Más aún si los cálculos son los de otro. Cataluña merece un gobierno capaz de defender su agenda institucional sin quedar atrapado en la aritmética coyuntural del partido que lo sustenta.
