50 años del golpe de Estado en Argentina: cambios al relato del Museo Sitio ESMA podrían relativizar crímenes de la dictadura

El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta cuestionamientos en Argentina por eventuales cambios en el relato del Museo Sitio ESMA, el ex centro clandestino de detención de la dictadura convertido en espacio de memoria. Organizaciones de derechos humanos y especialistas advierten que modificar su narrativa podría relativizar los crímenes del terrorismo de Estado.

Según reveló el diario Página|12, la administración del libertario estaría impulsando modificaciones en la narrativa histórica del recinto, inaugurado en 2015 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023.

De acuerdo con la publicación, los cambios apuntarían a revisar el enfoque del contexto histórico del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 e incorporar interpretaciones que enfatizan la violencia política previa al régimen militar. Críticos de la iniciativa advierten que ese enfoque podría derivar en una reinterpretación del terrorismo de Estado y del rol de las víctimas que estuvieron detenidas en el recinto.

La controversia se profundizó luego de que el medio citado solicitara información oficial mediante un pedido de acceso a la información pública. En su respuesta, el gobierno indicó que no existen documentos sobre eventuales modificaciones, argumentando que la solicitud “se orienta a conocer eventuales decisiones futuras de gobierno”. No obstante, fuentes citadas por el reportaje señalan que ya se habrían iniciado acciones preparatorias, como la elaboración de lineamientos internos para modificar la muestra permanente y el video introductorio del museo, además de la eliminación de intervenciones que abordaban la violencia específica sufrida por mujeres detenidas en la ESMA.

Las posibles reformas generaron preocupación entre organizaciones de derechos humanos que participan en instancias de asesoría del espacio de memoria. Miguel Santucho, integrante de la mesa directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que hasta ahora no existen detalles claros sobre las modificaciones que se pretenden introducir.

“En principio no tenemos muchos detalles sobre cómo lo van a modificar. Nos avisaron que iban a hacer algunos cambios, pero cuando preguntamos a qué se referían no pudimos averiguar más”, explicó.

Santucho subrayó que el contenido del museo no responde a interpretaciones subjetivas, sino a conclusiones judiciales establecidas durante décadas de procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “Todo el relato que está construido en ese espacio fue elaborado a partir de las sentencias de los distintos juicios y de la reconstrucción histórica lograda por el movimiento de derechos humanos”, afirmó.

En esa línea, recalcó que conceptos utilizados en la exposición, como genocidio o crímenes de lesa humanidad, cuentan con respaldo legal: “No son opiniones nuestras, sino hechos que los jueces establecieron en las sentencias”.

El representante de Abuelas también expresó preocupación por lo que considera una política más amplia que estaría afectando el funcionamiento de los espacios de memoria en el país. “Entendemos que lo que están haciendo desde el gobierno es entorpecer la construcción de la memoria, que los sitios tengan cada vez menos personal, menos horarios de atención y menos actividades”, sostuvo.

Según explicó, estas dificultades impactan directamente en el trabajo educativo y de difusión histórica que realizan los equipos de los sitios de memoria: “En la práctica hay una voluntad explícita de dificultar el trabajo y de desmitificar la reconstrucción de la memoria”.

Para Santucho, el debate sobre el relato histórico se produce en un contexto político más amplio, en el que sectores del oficialismo han planteado la idea de una “memoria completa”, concepto utilizado para cuestionar la interpretación predominante sobre el terrorismo de Estado en Argentina.

“Están tratando de poner en igualdad de condiciones lo que fue el terrorismo de Estado con la persecución a la militancia popular”, afirmó, agregando que esa discusión ya fue ampliamente abordada en el país y en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, Santucho agregó que las organizaciones de derechos humanos ven con inquietud versiones sobre posibles medidas que podrían beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad. “Hay una voz que cada vez toma más fuerza de que se está intentando indultar a los responsables de estos crímenes”, señaló, aunque recordó que legalmente ese tipo de delitos no puede ser objeto de indulto.

Los cambios alterarían un relato de décadas de búsqueda de justicia

A las críticas se sumó el abogado y académico César Sivo, fundador de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH), quien en diálogo con nuestro medio advirtió que alterar el relato del sitio implicaría desconocer décadas de procesos judiciales y de construcción colectiva de memoria.

“La gravedad es no sólo desconocer el pasado. Todo el proceso posterior a la dictadura para buscar verdad y lograr justicia fue un largo derrotero, con leyes de impunidad e indultos, pero aun así se pudo progresar y construir memoria sobre lo que efectivamente pasó”, afirmó.

Sivo cuestionó particularmente la idea de reinterpretar el contexto del golpe como una respuesta a la acción de grupos armados. “Esta idea de que ante grupos de lucha armada el Estado tuvo que hacer una lucha irregular es falsa. Cuando en 1976 los militares tomaron el poder, las organizaciones armadas ya estaban prácticamente desmembradas”, sostuvo.

El académico también rechazó versiones que sostienen que los detenidos fueron encarcelados legalmente. “Si los podían detener en sus domicilios, los podían haber llevado ante la justicia. Nada de eso ocurrió: los secuestraban, los llevaban a centros clandestinos, los torturaban y en muchos casos los ejecutaban y hacían desaparecer sus cuerpos”, indicó.

En ese sentido, advirtió que modificar el relato histórico implicaría además una revictimización de quienes sobrevivieron a la represión: “Después de sentencias judiciales que los reconocen como víctimas se intente volver a decir que eran prisioneros o guerrilleros es no sólo un agravio a la memoria y a la verdad, sino también una nueva revictimización”.

Sivo agregó que relativizar estos hechos también puede afectar las políticas de reparación a las víctimas. “Si se reinstala ese discurso, se pone en crisis incluso el derecho a las reparaciones, que en realidad fueron reconocidas por estándares internacionales”, explicó.

El especialista también expresó preocupación por las posibles modificaciones en la muestra permanente del museo, incluido el video introductorio y la eliminación de intervenciones sobre la violencia específica sufrida por mujeres detenidas en la ESMA.

“Luchar contra el olvido es permitir que las generaciones futuras entiendan lo que sucedió y puedan sostener el ‘nunca más’. Cuando se elimina la posibilidad de mostrar la ferocidad de lo que pasó, se les está cerrando una puerta de acceso a la memoria”, aseguró.

Finalmente, Santucho enfatizó que el debate se produce en la antesala de un hito histórico: los 50 años del golpe de Estado de 1976, que se cumplirán en 2026. “Estamos todos muy alarmados y preocupados, y entendemos que el aniversario tiene que ser multitudinario y contundente para volver a plantar bandera en defensa de la memoria”, afirmó.

Tanto organizaciones de derechos humanos como especialistas coinciden en que el relato construido en espacios como la ESMA es el resultado de décadas de trabajo de familiares de víctimas, sobrevivientes, abogados y activistas, además de las sentencias judiciales que establecieron responsabilidades por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.