Un plan anticrisis de 80 medidas «insuficiente», «poco ambicioso» y «peligroso» para patronales, sectores y autónomos
Un plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio con 80 medidas y un coste previsto de 5.000 millones de euros para «proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria», señaló solemne el presidente del Gobierno en rueda de Prensa, en la que detalló un paquete anticrisis que abarca medidas estructurales, paquete fiscal, focalización en los sectores más afectados y escudo social para los más vulnerables.
En concreto, la intención del Ejecutivo es reforzar la apuesta por las energías renovables y minimizar el coste energético y eléctrico a través de medidas fiscales, actuando sobre del impacto de la subida de los carburantes y poniendo especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, además de ampliar el escudo social con medidas en vivienda tras la bronca monumental entre los dos socios de Gobierno, que puso en vilo durante dos horas la propia concepción del plan y que terminó con una solución de emergencia: dos decretos, uno fiscal y otro centrado en el alquiler y la vivienda, cuyo recorrido del segundo parece que será corto.
En el caso del paquete fiscal y de escudo social, tampoco tienen asegurado el consenso de los grupos de la Cámara, que sí apoyan medidas como la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%; la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, con lo que se busca abaratar el precio de la gasolina y el diésel; la reducción del IVA de la luz y el gas del 21% al 10%; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del IVA de la producción eléctrica, para reducir los costes del sistema y evitar que se reflejen en la factura final de los consumidores. Pero otras medidas que el Gobierno «ha colado por la puerta de atrás», denuncian fuentes empresariales, pueden hacer descarrilar la aprobación del decreto.
Tal es el caso del control de los márgenes empresariales, mayor control de los márgenes empresariales, no respetarse el derecho a la propiedad privada o el intervencionismo en el mercado de la vivienda, que lleva aparejada «la prórroga extraordinaria y automática durante dos años de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para 2026 y para 2027», y que Sumar cifra en más de un millón de contratos.
Así lo han advertido las patronales CEOE y Cepyme, que han manifestado su «profunda preocupación» por la inclusión de medidas «fruto de una presión política incomprensible y peligrosa» de una parte del Ejecutivo. Por ello, han trasladado su rechazo a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que suponen una «injerencia injustificada» en el derecho a la propiedad privada y que generan una «preocupante» inseguridad jurídica. Alertan de que este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario, «desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos». El campo y los transportistas tampoco están satisfechos porque el paquete de medidas «carece de la ambición necesaria».
Pese a que el establecimiento de la bonificación de 20 céntimos por litro en el carburante consumido es positivo, la «magnitud de la crisis ha disparado el precio del diésel un 30% desde el inicio del conflicto y con esa ayuda no se soluciona». La patronal Fenadismer va más lejos y asegura que la reducción del IVA del 21% al 10% en los carburantes «es una rebaja neutra en nuestra cuenta de resultados, al tratarse de un impuesto deducible en su actividad económica».
Y para los autónomos la situación dista mucho de ser idílica. La asociación UPTA denuncia que la reducción fiscal «limitada» de las medidas adoptadas tienen un «escaso impacto real» entre los autónomos, que estima en 16 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 17 céntimos en el del diésel, «mientras que apenas se percibirá en las facturas de gas y electricidad de pequeños negocios. Es claramente insuficiente».
Eléctricas y consumidores electrointensivos han reclamado una reforma estructural de los costes eléctricos «no solo coyuntural» y las constructoras critican la «discriminación» y la «exclusión» que han sufrido las empresas del sector. El presidente del Gobierno se ha limitado a pedir «responsabilidad» a todos.