Uno de los imputados en el caso del narcotúnel a Marruecos: "Tenían el camino abierto por la Guardia Civil"
«Madre del amor...», fue el sollozo, casi imperceptible, que no pudo contener la fiscal de Antidroga tras escuchar a uno de los imputados en la causa de narcotráfico que desveló la existencia de un túnel que unía subterráneamente Ceuta con Marruecos.
Este investigado, al que se le atribuye haber ofrecido labores de vigilancia y transporte de 1.397 kilos de hachís, los grupos de traficantes aseguró que llevan valiéndose «toda la vida» de guardias civiles del Puerto ceutí para introducir ilegalmente, desde territorio marroquí, sustancias estupefacientes en nuestro país.
Este hombre declaró en la Audiencia Nacional (AN) que accedió a llevar a cabo estas tareas ilícitas, a cambio de una cifra monetaria que se situaba en torno «a los 3.000 o 4.000 euros». La razón, explicó, fueron problemas económicos que atravesaba.
Se lo ofreció, según él, el considerado por la investigación policial como «cabecilla» de la organización criminal, A.M. El hermano del aún diputado en la Asamblea de Ceuta, Mohamed Mohamed Alí Duas. Este último es otro de los encausados y, tras salir de prisión provisional, mantiene el acta como no adscrito.
Tras dejar la formación política local bajo la que fue elegido en las urnas, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). Nunca llegó a prestar declaración y salió de la cárcel, en enero, tras depositar una fianza de 20.000 euros.
Este implicado detalló también, ante la magistrada María Tardón, que conocía al político (que es de profesión funcionario de prisiones) porque compartían afición por «las motos» y, al hermano, «del pueblo», de Ceuta. Pero negó tener con ninguno de ellos una relación de «amistad» previa.
Son cuatro los agentes de la Guardia Civil investigados en un caso que nació de la «Operación Hades», desarrollada por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) del Instituto Armado en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) y el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN).
Entre los servicios ejecutados a cambio de pagos de hasta 12.000 euros, figuran presuntamente la comprobación de vehículos durante el embarque y el traslado de información de interés, obrante en las bases de los cuerpos de seguridad, a los narcotraficantes.
Sobre ellos, este detenido apuntó a que sí que sabía quienes eran «de vista» y porque en la ciudad autónoma sus vecinos saben quién ejerce como guardia civil.
Pero quiso, en un gesto de colaboración, dejar patente que la existencia de miembros de la Benemérita, destinados en el puerto, que estaban «comprados» por el narco es una realidad «que venía de antes, no de ahora» y que «todo el mundo sabía». «No es algo que nos coja desprevenidos», subrayó en su interrogatorio.
En este sentido, este varón aseveró que le dijeron que «tenían el camino abierto por la Guardia Civil en el puerto», ya antes de que llevase a cabo el traslado de la mercancía hasta Villanueva del Trabuco (Málaga), donde fue finalmente arrestado.
Negó que supiese la cantidad de droga que transportaba porque iba oculta dentro de un remolque al que él no accedió en ningún momento, ni a la hora de cargarla ni cuando llegó el momento de extraerla.
Se mostró «arrepentido», alegando que «esta no era su vida» y que era plenamente consciente de que «había hecho muy mal». Pese a que intentó evitar dar con sus huesos entre rejas, este intento de ayudar a la Justicia en sus pesquisas no fue suficiente para evitar que dictasen su ingreso en prisión preventiva, después de que fuese solicitada a la instructora por parte del Ministerio Fiscal.
La galería subterránea fue descubierta, inesperadamente, en marzo de 2025 tras la aprehensión de tres camiones que ocultaban más de 6.000 kilos de hachís. Los investigadores la hallaron, detrás de una trampilla, en la nave número 9 del polígono industrial de Alborán del Tarajal, que un día albergó una marmolería. Tal y como reveló recientemente LA RAZÓN, llevaba existiendo desde, al menos, 10 años.
La salida en el país vecino daba a una edificación ubicada dentro de un recinto militar. Por ello, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la AN envió sucesivas comisiones rogatorias a las autoridades del reino alauí, a fin de que colaborasen en su inspección, sin que se haya obtenido en ningún momento respuesta. El túnel se extendía a lo largo de 50 metros de longitud y tenía una profundidad de un total de 12 metros.
Tras una larga instrucción, el procedimiento sigue abierto por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización delictiva y cohecho. Aunque, según las fuentes conocedoras del caso consultadas por este diario, está previsto que próximamente se cierre y lleguen los procesamientos.
Un pasadizo, ahora protegido
La magistrada instructora de la Audiencia Nacional, María Tardón, tomó recientemente, como una de sus últimas decisiones en el caso, la prórroga de la orden de protección de la nave industrial que alberga el pasadizo que une subterráneamente Ceuta con Marruecos.
La jueza ordenó la disposición de un sistema de videovigilancia y aseguramiento de la zona para evitar que otras organizaciones criminales utilizasen esta infraestructura para fines ilícitos. También se busca evitar una posible eliminación de pruebas por parte de grupos que la hayan podido emplear.