La jueza considera que el mantenimiento de la pasarela de Santander donde murieron 6 jóvenes corresponde a Costas
La jueza que instruye la causa por el colapso de la pasarela El Bocal en Santander, en el que murieron seis jóvenes y uno resultó gravemente herido el pasado 3 de marzo, considera que es la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la estructura.
Como consecuencia, la magistrada ha decidido dirigir acción penal contra dos funcionarios de este organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación, y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2012, que es el jefe de ese departamento.
Obras no finalizadas y posible negligencia
Según el auto dado a conocer este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), las obras de la senda peatonal nunca fueron finalizadas ni recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander. Esto hace que Costas sea la responsable de la conservación y mantenimiento de la pasarela, que desde 2014 permanecía abierta al público sin restricciones.
La magistrada apunta a serios indicios de posible negligencia en el mantenimiento, ya que la única reparación documentada en julio de 2024 se centró exclusivamente en la estructura de madera, mientras que los elementos metálicos estaban completamente oxidados, según el informe de la Policía Científica. La jueza solicita un informe pericial que determine si esta intervención fue suficiente.
La magistrada ha solicitado que la Policía Judicial recabe material probatorio sobre el estado de la pasarela días o semanas antes del siniestro, incluyendo fotografías y testimonios de personas que frecuentaban la zona. También declarará como testigo una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, así como los ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 y la policía local que inspeccionó la zona tras el colapso.
Aunque Costas es responsable del mantenimiento, el auto destaca que el Ayuntamiento de Santander tiene la potestad de policía administrativa para garantizar la seguridad de espacios accesibles al público. Esto implica que, al detectar un riesgo, debía acotar, señalizar o precintar la pasarela, especialmente al formar parte de rutas turísticas o senderos, independientemente de la administración titular de la obra.