Perú deja de recaudar S/27.000 millones al año por beneficios tributarios aprobados por el Congreso que favorecen a grandes empresas

El Perú deja de recaudar hasta S/27.000 millones al año debido a la expansión de beneficios tributarios aprobados en los últimos cinco años, principalmente desde el Congreso, en medio de un deterioro de la democracia. Así lo advierte el informe “Democracia y Tributación Justa: la agenda pendiente hacia la adhesión del Perú a la OCDE”, elaborado por el Grupo de Justicia Fiscal Perú.

De acuerdo con el estudio, una parte importante de estos beneficios se concentra en sectores empresariales específicos, con enormes impactos fiscales. Catherine Eyzaguirre, investigadora del grupo, detalla que solo en la industria textil el costo asciende a casi S/3.000 millones anuales, mientras que la reducción de impuestos a restaurantes trepa los S/771 millones.

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A ello se suman beneficios para empresas ubicadas en el Centro Histórico de Lima como restaurantes y hoteles, por alrededor de S/200 millones. Además, el retorno de regímenes favorables para la agroexportación ha reducido el impuesto a la renta de 29,5% a 15%, lo que implica una menor recaudación de aproximadamente S/1.580 millones al año.

“El costo fiscal que ha estimado el MEF de todas estas leyes eleva la carga a unos S/27.000 millones. Es mucho dinero que estamos dejando de recaudar en un contexto de presión fiscal baja, aun a pesar de una bonanza de precios de minerales de exportación”, advirtió la economista.

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Exoneraciones debilitan la recaudación tributaria

Si bien estos beneficios alcanzan a distintos actores, el informe sostiene que terminan favoreciendo principalmente a empresas de mayor tamaño dentro de cada sector, lo que profundiza la desigualdad del sistema tributario. "Si un sector deja de pagar impuestos y otros sí, el desincentivo se agudiza. Eso genera un sistema tributario fragmentado. Es más costosa la recaudación y no estamos apuntando al objetivo de fortalecer nuestro sistema tributario”, explicó Eyzaguirre.

El crecimiento de estos beneficios se refleja en la evolución del gasto tributario, es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exoneraciones y tratamientos especiales, que ha mostrado una tendencia sostenida al alza en los últimos años. Según el informe, este pasó de S/12.065 millones en 2011 a S/20.718 millones en 2025 en términos reales, con un salto más pronunciado a partir de 2023, en línea con el actual periodo legislativo.

En promedio, el gasto tributario anual durante el periodo 2021–2025 alcanzó los S/19.000 millones. Sin embargo, el impacto total de las medidas aprobadas recientemente es mayor. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las leyes impulsadas por el Congreso en ese mismo periodo generan un costo fiscal cercano a los S/26.954 millones anuales.

Entre 2021 y 2025 se aprobaron 40 leyes tributarias, de las cuales 33 no contaron con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pese a ser el ente rector de la política fiscal. “Esto evidencia que las decisiones en materia tributaria no están respondiendo a criterios técnicos”, sostuvo Eyzaguirre.

Según Eyzaguirre, a partir de 2017 se observa un punto de quiebre. “Cuando la democracia se debilita y no hay equilibrio de poderes, empiezan a aprobarse leyes en materia tributaria regresiva”, señaló.

Para Epifanio Baca, economista de dicha asociación, el problema no solo radica en las exoneraciones, sino en el debilitamiento institucional que ha permitido su expansión. “Una de las principales recomendaciones es fortalecer la institucionalidad del MEF, que es el encargado del diseño y aprobación de la política fiscal. Eso se ha roto en los últimos tiempos”, afirmó.

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Boom minero no se traduce en mayores impuestos

Baca advierte que el país ha avanzado en sentido contrario a la construcción de un sistema tributario más equitativo. “Es indispensable tomar decisiones para reducir exoneraciones tributarias. Muchas deben ser revisadas y evaluadas, como el impuesto a la renta para las zonas económicas especiales, que técnicamente no se justifican, pero han sido impulsadas por intereses de grupos económicos”, cuestionó.

El economista también pone énfasis en la necesidad de mejorar la tributación de las empresas, en particular de las actividades extractivas. “Estamos viendo algo inesperado: con altas cotizaciones de minerales, el cobre por encima de los US$ 4 y el oro sobre los US$ 5.000, el impuesto a la renta debería estar aumentando, pero no está ocurriendo. Más bien vemos baja tributación”, explicó. Según indicó, este problema ha sido advertido no solo por el grupo, sino también por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.

En ese contexto, recordó que los recursos naturales son no renovables y pertenecen a todos los peruanos, por lo que coyunturas favorables deberían traducirse en mayores ingresos fiscales. Sin embargo, la presión tributaria del Perú se mantiene alrededor del 14% del PBI, una de las más bajas de la región.

A ello se suma un problema en la carga tributaria. “Las tasas aplicadas a las rentas del trabajo pueden ir de 8% a 30%, mientras que las rentas de capital están en torno al 5%. Eso refleja un sistema regresivo”, sostuvo Baca.

El riesgo, advierte, es que esta dinámica derive en un deterioro fiscal mayor. “Tenemos a futuro menos ingresos fiscales, pero al mismo tiempo el Congreso está aprobando leyes para aumentar el gasto corriente. Con estas políticas entramos a una tormenta perfecta que se traducirá en mayor déficit fiscal, endeudamiento e inflación”, alertó.

Perú recauda menos que la región

Por su parte, Germán Alarco, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), enfatizó la brecha en la recaudación. “El Perú tenía una presión tributaria de 17%, mientras que el promedio de América Latina es 21,2% y el de la OCDE es 33,9%. Las distancias son gigantes”, señaló.

Al comparar con la región, el rezago es aún más evidente. “Todos nuestros vecinos, incluidos los más pobres, tienen una presión tributaria superior a la peruana”, afirmó, al detallar que países como Colombia, Chile, Bolivia o Brasil superan ampliamente al Perú.

Esta menor recaudación implica, según Alarco, una pérdida enorme de recursos. “Recaudamos alrededor de US$14.000 millones menos que nuestros vecinos. La baja presión tributaria reduce los márgenes del Estado y limita la ampliación de oportunidades efectivas para las personas. Hay un problema de ingresos públicos, no solo de gestión”, explicó.

El economista también apuntó al impacto en servicios básicos para la población como la salud. “En los países de la OCDE, los ingresos por contribuciones sociales representan el 8,2% del PBI. En América Latina son 3,9% y en el Perú apenas 1,9%. Estamos a la mitad de la región, lo que refleja la regresividad del sistema”, indicó.

En este escenario, el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, grupo selecto de países al que el Perú busca ingresar, enfrenta serias observaciones. El organismo ha recomendado revisar los beneficios tributarios que no cumplen con sus objetivos y que no contribuyen al bienestar colectivo, así como avanzar hacia un sistema más progresivo.

La combinación de menor recaudación, mayor desigualdad y decisiones fiscales que benefician a sectores particulares debilita el pacto fiscal y erosiona la legitimidad del Estado. Cuando la ciudadanía percibe que el sistema tributario no distribuye equitativamente la carga y que las decisiones se adoptan sin sustento técnico, se reduce la disposición a tributar y la confianza en las instituciones, enfatizan los especialistas.