Estos son los seis presos indultados por el Gobierno a las puertas de Semana Santa
El Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado este miércoles, a las puertas de Semana Santa, los indultos aprobados en la reunión del Consejo de Ministros a seis presos condenados por delitos de estafa, contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones, teniendo en cuenta los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía, y atendiendo a razones de "justicia y equidad".
El primer indulto del que se hace eco el BOE y que recoge Europa Press, está dirigido a María Jesús Blanco Blanco, condenada por la Audiencia Provincial de León el 30 de diciembre de 2020, como autora de un delito de estafa a penas de 21 meses de prisión y multa de 7 meses con cuota de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria, y por delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Para ese indulto, sobre hechos juzgados entre los años 2010 y 2017, se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal. Así, el Gobierno ha aprobado en su reunión del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que estimando "las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra" en su expediente, "concurren razones de justicia y equidad" para indultar a María Jesús Blanco de las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto".
En este contexto, el Ministerio de Justicia también ha indultado a Daniela Castaño Agudelo, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza como autora de un delito continuado de estafa a la pena de 3 años de prisión por hechos cometidos en el año 2021. Se han tenido en cuenta los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, para indultar a la presa "la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento".
El Consejo de Ministros además ha dado luz verde al indulto de Antonio Cucharero Morales, quien fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada como autor de un delito contra la salud pública a la pena de tres años y diez meses de prisión, con privación del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena y multa de 100.000 euros, con 71 días de arresto sustitutorio en caso de impago, por hechos cometidos en el año 2017. Se le indulta la pena privativa de libertad pendiente a condición de no cometer "delito doloso" en cuatro años.
El Gobierno también ha valorado el expediente de indulto de Jesús David González Sariego, condenado por la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, como autor de un delito contra la salud pública a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 35.041,73 euros, señalando una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros impagados, por hechos cometidos en el año 2020.
Dicho esto, el ministro ha propuesto levantar la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, considerando los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto".
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha respaldado el indulto de Natalia Diéguez Egea, condenada por la Audiencia Provincial de como autora de un delito de tráfico de drogas "en la modalidad de causar grave daño a la salud", a la pena de dos años de prisión, la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la multa de 625 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada 50 euros de impago, por hechos cometidos en los años 2016 y 2017. Se la ha concedido a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años.
Por último, se ha indultado a José Rodríguez Cortés, condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga por delito de lesiones con una pena de un año y seis meses de prisión, así como la imposición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros y comunicarse con el perjudicado por cualquier tipo de medio durante cuatro años.
También se le condenó por un delito de amenazas a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio y la prohibición de aproximarse a los perjudicados a una distancia no inferior a 500 metros, además de no comunicarse con ninguno de ellos por cualquier tipo de medio durante tres años, por hechos cometidos en el año 2020. Atendiendo los informes del tribunal y la Fiscalía, "concurren razones de justicia y equidad" para indultar las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años.