La Iglesia española y el Gobierno han cerrado este lunes el protocolo que regula el reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesial cuyos casos ya no pueden ser juzgados por la vía penal. Un acuerdo largamente negociado –y no exento de tensiones en las últimas semanas– que desarrolla el compromiso firmado el pasado 8 de enero y que permitirá canalizar estas reclamaciones a través de la oficina del Defensor del Pueblo, sin desactivar el sistema propio de la Iglesia, el denominado Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA). La firma, rubricada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llega después de un pulso soterrado entre el Ejecutivo y los obispos sobre el alcance y la naturaleza del sistema. El nuevo protocolo establece una doble vía de acceso para las víctimas: la ya existente a través del PRIVA –gestionada por la Iglesia– y una alternativa mediante la oficina del Defensor del Pueblo, pensada especialmente para quienes no deseen acudir directamente a la institución eclesial. Ambas vías, subrayan fuentes implicadas en la negociación, no son excluyentes sino complementarias, aunque este ha sido precisamente uno de los puntos de fricción en la fase final del acuerdo. El mecanismo diseñado prevé que el Ministerio de la Presidencia cree una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes y coordinará el proceso administrativo. Será el Defensor del Pueblo quien, a través de una Unidad de Víctimas formada por expertos independientes, evalúe cada caso y formule una propuesta de reconocimiento y reparación. Esa propuesta deberá contar con un informe preceptivo de la comisión asesora del PRIVA –el órgano independiente creado por la Iglesia en 2024 y que comenzó a examinar casos en febrero de 2025–. En caso de discrepancia, una comisión mixta tratará de alcanzar un acuerdo. Si no lo hubiera, la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo, previa consulta con al presidente de la Conferencia Episcopal o de la CONFER, según sea el origen del victimario. El sistema contempla distintas modalidades de reparación: desde el reconocimiento institucional o los gestos simbólicos hasta la compensación económica, que tendrá en cuenta la gravedad del abuso, el daño causado y las posibles indemnizaciones ya percibidas. Estas cuantías, además, quedarán exentas de tributación en el IRPF, una de las condiciones incorporadas al acuerdo tras meses de negociación. La rúbrica del protocolo llega después de semanas de negociaciones tensas, marcadas por las prisas del Ejecutivo. Como adelantó ABC, el ministro Bolaños pretendía cerrar el acuerdo antes de su viaje al Vaticano acompañando a los Reyes, para poder presentarlo como un logro político ante el Papa León XIV. Para ello, recurrió a filtraciones a medios afines con el objetivo de dar por hecho un pacto que todavía no estaba cerrado y presionar así a los obispos. La estrategia no surtió efecto inmediato. La reunión clave entre ambas partes concluyó sin acuerdo, con discrepancias relevantes sobre cuestiones de fondo. Entre ellas, el intento del Gobierno de presentar el sistema como un mecanismo alternativo –y no complementario– al PRIVA, lo que habría permitido revisar indemnizaciones ya concedidas por la Iglesia. También generó fricción la pretensión del ministerio de ampliar el ámbito de aplicación a cualquier víctima, con independencia de la edad en el momento del abuso, mientras que el modelo eclesial se centra en menores o personas equiparables en derecho. Es en este punto en el que se han producido acercamientos. Mientras se desarrollaba la negociación, el PRIVA ha seguido funcionando. Desde su puesta en marcha en febrero de 2025, la comisión ha recibido ya 131 solicitudes, tras sumar 23 nuevas peticiones en los últimos meses. De ellas, se han emitido 83 dictámenes favorables de indemnización –frente a los 61 que había a comienzos de año–. Esto se traduce en unos 2,5 millones de euros abonados por diócesis y congregaciones religiosas, con una indemnización media que ronda los 30.000 euros por caso, en línea con los baremos fijados desde el inicio del sistema. Las compensaciones oscilan entre los 3.000 y los 100.000 euros, e incluyen también cobertura de tratamientos psicológicos y medidas de reparación simbólica. Desde la Conferencia Episcopal insisten en que este modelo ha permitido dar respuesta ágil a las víctimas fuera de la vía judicial, con criterios homogéneos y una media de indemnización superior a la que fijan habitualmente los tribunales. El protocolo firmado este lunes tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable a otro más, y está dirigido exclusivamente a aquellos casos que no pueden ser juzgados por la vía penal, bien por la prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor. Está previsto que el sistema entre en funcionamiento el próximo 15 de abril. Tanto el Gobierno como la Iglesia subrayan que se trata de un mecanismo basado en el acuerdo entre las partes y no en la imposición de una obligación jurídica. Un matiz clave para los obispos, que han defendido durante toda la negociación el carácter moral –y no coercitivo– de su compromiso con las víctimas
