Así es el anteproyecto de ley de Gestión Pública que limita las privatizaciones en el sector sanitario y Madrid quiere recurrir 

El Consejo de Ministros aprobó este martes en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que contempla medidas para consolidar la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria, frente a la gestión indirecta o las privatizaciones de determinados servicios.

• El nuevo texto prevé establecer un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión en aquellos hospitales y centros bajo gestión de compañías privadas.

Lo último. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles de que, si llegara a aprobarse el anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, “tendría su correspondiente respuesta en los tribunales” por parte del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de querer “azuzar el miedo y la revolución” en referencia a esta iniciativa este martes. 

Contexto. El anteproyecto busca consolidar la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 1997 durante el Gobierno de José María Aznar.

• Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid, según EFE.

Asimismo, el texto plantea modificar el artículo 67 de la la Ley 14/1986, General de Sanidad e introduce una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate en la adjudicación.

El anteproyecto. El texto aprobado en primera vuelta tiene el objetivo de garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios españoles. Su aplicación alcanza a todos los centros, servicios y establecimientos del SNS. Estas son sus puntos clave:

• Prioridad a la gestión pública. El texto establece que la forma preferente de gestionar los hospitales y los centros de salud será la pública, a través de una gestión directa. 

• Límites a la gestión indirecta. El anteproyecto plantea que para contratar servicios indirectos (privados o mixtos) será necesario que esos centros sanitarios que quieran externalizar servicios demuestren que la administración pública no puede dar ese servicio por sí misma. También que se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia y que se cumplan determinados requisitos de calidad, accesibilidad y asequibilidad.

• Condiciones de privatización. Se propone que cuando se quieran externalizar servicios, la administración sanitaria competente justifique a un comité de evaluación, formado por “personas expertas del ámbito sanitario”, los motivos que hacen necesario recurrir a una gestión indirecta de dichos servicios. 

• Reversión a lo público. Las comunidades que quieran devolver a lo público parte del sistema sanitario que hubieran privatizado con anterioridad podrían solicitar el asesoramiento de la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud para ello. 

• Transparencia. El texto plantea que todos los centros sanitarios, independientemente de si son públicos o privados, tengan que publicar de forma periódica indicadores con los resultados de salud y la calidad de los servicios prestados. 

Los contratos privados vigentes. La norma no afectará a los contratos vigentes a su fecha de entrada en vigor. Tampoco lo haría a aquellos que estén pendientes en un proceso de adjudicación, indica la disposición transitoria única de la propuesta. 

Próximos pasos. El texto anunciado por el Consejo de Ministros se encuentra en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 4 de marzo. 

• Hasta ese momento se podrán enviar aportaciones al ministerio para mejorar el texto. Después, este tendrá que ser aprobado en segunda vuelta por el Gobierno, momento en que se enviará al Congreso para empezar con su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.