Dos años de la DSA en España: los retrasos en tres proyectos de ley hacen que su aplicación esté incompleta

Han pasado casi cuatro años desde que la Ley de Servicios Digitales (DSA) entró en vigor en Europa, dos si se tiene en cuenta cuándo empezó a aplicarse. En ese tiempo España no ha llegado a aplicar el reglamento europeo en su totalidad. De las cuatro iniciativas legislativas que el Gobierno contempla sacar adelante para adecuar las leyes nacionales a la europea, solo una ha sido aprobada y el resto aún están en trámite. 

• Esto incluso ha causado que la Comisión Europea la lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). 

Un reglamento. La DSA es un reglamento europeo de 2022 que regula el funcionamiento de las plataformas digitales en la UE.

• Aplicación directa. Los reglamentos de la UE son de aplicación directa aunque, en ocasiones, un Estado puede verse obligado a desarrollar y aprobar nuevas leyes nacionales como complemento a un reglamento. 

Qué dice la norma europea. El reglamento establece en su artículo 49.2 que cada Estado miembro debe designar una o más autoridades independientes para que coordinen los servicios digitales y garantizar que la norma comunitaria se aplica correctamente. 

Qué ha hecho España. 

España ha puesto en marcha modificaciones normativas en línea con las propuestas de la DSA para que la legislación nacional se adecúe a la europea. Pese a ello, a día de hoy España no aplica plenamente la DSA ni ha conseguido sacar adelante la mayoría de las propuestas legislativas en torno a ella. 

La ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma, en vigor desde abril de 2025, cambia la estructura organizativa de la administración de justicia mediante la creación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios, entre otros. 

• La DSA se aplica al autorizar a los jueces a que identifiquen a los responsables de servicios en línea y a que puedan ejecutar resoluciones de retirada de contenidos ilegales o de interrupción de determinados servicios digitales. 

El proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación. La propuesta, en fase de enmiendas en el Congreso, plantea que cualquier persona que se vea perjudicada por una información inexacta publicada sobre ella pueda exigir una rectificación con la misma visibilidad que la noticia original.

• El texto se apoya en la DSA para definir qué se entiende por “plataforma en línea” y por usuario de especial relevancia. 

El proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales. Esta iniciativa, también en trámite en el Congreso, contempla medidas para mejorar la seguridad de los menores en su relación con las plataformas digitales y sancionar las distintas formas de violencia en línea. 

• El texto hace referencia a la DSA al autorizar la interrupción de servicios o la retirada de contenidos perjudiciales para los menores, incluyendo la restricción del acceso a ciertos servicios en línea. 

El proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Esta propuesta del Gobierno (registrada en el Congreso en julio de 2025) prevé adaptarse tanto a la DSA como al reglamento EMFA. En el caso de la DSA, el texto propone modificar la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico para nombrar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad responsable para coordinar los servicios digitales, supervisarlos y sancionarlos si es necesario. 

• Después de casi cuatro años la CNMC no ha empezado a operar. Según una respuesta de la propia CNMC a Newtral el pasado agosto, el organismo aún no puede desempeñar sus tareas en el marco de la DSA porque el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza es el texto que debía modificar el estatuto orgánico de la CNMC para crear una nueva dirección general dentro del organismo, además de dotarlo de más presupuesto y personal para llevar a cabo las nuevas funciones asignadas. 

Avisos por falta de aplicación. Después de lanzar un primer aviso en julio de 2024, en mayo de 2025 la Comisión Europea llevó a España (junto a otros Estados miembros) ante el TJUE por la “falta de aplicación efectiva del Reglamento de Servicios Digitales”. 

En diciembre de 2025 la Comisión Europea interpuso un recurso contra España por este tema pidiendo que se declarase el incumplimiento las obligaciones legales de España y que se condenase al país a pagar las costas derivadas del juicio. 

• El motivo. Según explica el Congreso en un informe el motivo por el que la Comisión habría llevado a España ante el TJUE responde a “no haber designado ni facultado a un coordinador nacional de servicios digitales ni haber establecido las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones en virtud del Reglamento de Servicios Digitales”. 

Sin sanciones, por ahora. Por el momento el TJUE no se ha pronunciado sobre aplicar o no a España una sanción económica por no aplicar correctamente este reglamento.