¿El Gobierno tiene la “obligación legal” de pagar el 50% de la dependencia a las CCAA? Esto dicen la ley y los expertos

El debate sobre la financiación del sistema de dependencia se ha reabierto entre críticas de las comunidades autónomas al Estado por no asumir la mitad del gasto. 

• Mientras el Gobierno niega que deba financiar el 50% de la dependencia por ley, la oposición y algunas comunidades lo reclaman.
  
  
• El último en mencionarlo ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que criticó al Gobierno en un mítin en Castilla y León por no cumplir con esta “obligación legal” (minuto 57:07). 

¿Pero qué dice la ley de dependencia sobre esto? ¿Es responsable el Gobierno al 50% de la inversión en esta partida?

Qué sabemos. La ley de dependencia regula cómo deben las comunidades y el Estado financiar el sistema de atención a personas dependientes. 

Los niveles de financiación. La norma marca que ambas administraciones deben participar en la financiación en función de tres niveles de protección distintos, como detalla a Newtral.es Susana Roldán, profesora de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos.

• Hay un “nivel mínimo de protección cuyo coste asume íntegramente la Administración General del Estado (AGE)” y está garantizado “para cada beneficiario del sistema” (artículo 9). “(El gasto) se fija en función de una serie de variables (como el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida)”, apunta Roldán.
  
  
• Un “nivel acordado” entre el Estado y las comunidades (artículo 7).
  
  
• Un “nivel adicional de protección, que es voluntario por parte de las comunidades y va con cargo a su presupuesto” (artículo 11.2).

Otras vías de financiación son los copagos de los beneficiarios, es decir, lo que tienen que pagar los propios usuarios, y los fondos que aporta el Gobierno a través de la financiación de las comunidades autónomas, como explica Roldán.

• Un apunte. El Gobierno, en su última propuesta para cambiar el modelo de financiación de las CCAA, incluye la dependencia en su categoría de servicios sociales. Proponen ponderar con un 7% la población mayor de 65 años a la hora de calcular el reparto de fondos (página 5).

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Rosa Soto

El origen del “50%”. En la memoria económica del anteproyecto de ley de dependencia se llegó a plantear que tanto la Administración central como las comunidades financiasen el gasto nuevo «que suponga la implantación del sistema de dependencia al 50%” (página 50), como indica a Newtral.es Manuel Correa, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada.

• En su previsión del impacto presupuestario que tendría esta medida, el texto incide, de nuevo, en que “la aportación de la AGE será del 50%” (página 54).
  
  
• Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta ley llegó en un momento de “mayor bonanza económica” (2006) y la crisis que vivió España poco después “desajustó cualquier previsión de financiación por parte de las administraciones públicas”, como matiza Correa.
  

Qué dicen la ley y los expertos sobre la obligación del Estado de contribuir en el gasto en dependencia

El espíritu inicial de esta medida era, por tanto, implementar ese 50-50, pero en la norma definitiva no se llega a plantear expresamente está relación. 

• Sí establece, eso sí, que “la aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado” (artículo 32). 

Qué dicen los economistas. Esto se ha interpretado como una obligación legal que equipara las responsabilidades económicas al 50%, aunque, técnicamente, esto significa que son las comunidades las que deben igualar lo que aporta el Gobierno central. 

• Susana Roldán explica que es en el “nivel acordado” en el que la aportación de las comunidades tiene que ser “como mínimo igual a la que realice el Estado”.
  
  
• En la misma línea, Correa señala que “esa obligatoriedad de igualar en financiación al Estado opera sobre las comunidades”, no al revés; es decir, “son ellas las que deben igualar lo aportado por el Estado si quieren acogerse a esa financiación del nivel acordado”. 
  

Las asociaciones del sector, por su parte, sí creen que el Estado tiene esa obligación de aportar el 50%, como explica a Newtral.es Martín Durán, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). 

• “Hay un principio de corresponsabilidad financiera y de cooperación entre las dos administraciones; la aportación de la comunidad tiene que ser igual a la de la AGE, ni más ni menos”, señala.
  
  
• También la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales establece como “deseable” ese porcentaje de participación del Estado en el gasto en dependencia.
  
  
• Economistas como Vicente Marbán, de la Universidad de Alcalá de Henares, así lo interpretan también en sus análisis (páginas 30 y 36).

Y qué hizo el Gobierno. Aunque el Ejecutivo ha expresado que la ley no le obliga a llegar a ese 50% para justificar que no haya llegado nunca a ese porcentaje, sí se comprometió a ello. 

• Esa voluntad política no se ha cumplido en ninguno de los años en los que ha estado en el poder el Gobierno de coalición (ni en años anteriores).
  
  
• Como indica Correa, “el esfuerzo financiero de la AGE y de las autonomías en el sostenimiento de la dependencia no ha sido equitativo y eso se ha traducido en que cada comunidad ha tomado una velocidad distinta a la hora de aplicar la ley”.

Los datos. El Ministerio de Derechos Sociales calcula que el Estado aportó el 26,96% del gasto en dependencia en 2024, el último año con datos (página 2). Esto, teniendo en cuenta el nivel mínimo y el acordado.

• Su pico más alto de aportación fue en 2023, con un 28,57%, unos 20 puntos porcentuales por debajo de su compromiso político del 50%.

• Como también denuncia Martín Durán y analizan desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), España todavía gasta poco en dependencia en comparación con el resto de Europa y “mantiene fuertes diferencias” entre comunidades a la hora de aplicar la ley.