Tribunal argentino permite a Cristina Fernández viajar a Cuba para ver a su hija
El viaje se realizará entre los días 20 y 30 de abril, como había solicitado la senadora en su petición del pasado jueves.
BUENOS AIRES, Argentina. – Uno de los tribunales argentinos que tiene causas abiertas contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) la autorizó este martes a viajar a Cuba para ver a su hija Florencia, que permanece ingresada en una clínica de La Habana desde marzo pasado, informó a EFE la defensa de Fernández.
El viaje se realizará entre los días 20 y 30 de abril, como había solicitado la también senadora en su petición del pasado jueves.
Con el permiso del tribunal titular de la causa “Los Sauces”, que se pronunció este martes, la exmandataria necesita la autorización de los otros dos juzgados que mantienen causas en su contra, aunque desde su defensa consideran que “no habrá contradicciones” entre los tribunales.
El pasado 14 de marzo, cuando viajó por primera vez a ver a su hija, Fernández explicó que Florencia, de 28 años, estaba siendo tratada en La Habana por los “problemas de salud” provocados por la “persecución feroz” a la que la somete la Justicia, que acusa a ambas de corrupción.
Florencia Kirchner, hija de Fernández y del fallecido exgobernante argentino Néstor Kirchner (2003-2007), viajó el pasado febrero a la isla para realizar un curso para guionistas de cine, pero tras el vuelo “su estado de salud se había deteriorado sensiblemente” y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión.
En la publicación de Twitter donde compartió la noticia, adjuntó una fotografía del informe médico del Cimeq, el prestigioso hospital donde se atendieron los fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez, que señala como “diagnóstico principal” trastorno de estrés postraumático.
Según el centro médico, todavía no ha terminado el “estudio integral” de la paciente, que recibe “tratamiento fisioterapéutico diario”.
Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano, Máximo, y su madre, entre otros, en dos causas -ambas elevadas ya a juicio aunque sin fecha de comienzo- por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en relación con las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.
(EFE)