¿Qué propiedades podrían reclamarse en tribunales de EEUU bajo el amparo del Título III?
La entrada en vigor del Título III ha desatado un sinfín de especulaciones sobre los efectos que podría tener la medida sobre el mapa jurídico de las inversiones en la Isla.
MIAMI, Estados Unidos. – La entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton ha desatado un sinfín de especulaciones sobre los posibles efectos que podría tener la medida sobre el mapa jurídico y comercial de las inversiones en la Isla.
En ese sentido, muchas de la propiedades que fueron confiscadas sin indemnización a inicios de los años sesenta podrían ser reclamas en las cortes durante los próximos meses.
El Aeropuerto Internacional José Martí, el muelle de cruceros del puerto de La Habana y el puerto de Santiago de Cuba, las playas El Salado (oeste de La Habana), Gibara y Yaraguanal (ambas en Holguín), la Destilería Santa Cruz del Norte, la zona especial de desarrollo del Mariel y el hotel de cinco estrellas plus Manzana Kempinski son algunas de las propiedades que, según el activista y opositor cubano Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano y directivo de la Asamblea de la Resistencia, fueron expropiadas por el régimen cubano.
Con excepción del Aeropuerto de La Habana y la destilería de Santa Cruz del Norte, el resto de los bienes y terrenos está siendo operado en menor o mayor medida por empresas extranjeras. También aparece en la ecuación emporios estatales como el Grupo Hotelero Gaviota, controlado por los militares cubanos y que interviene, fundamentalmente, en la rama hotelera y en la gestión del turismo.
Llama la atención que, en el año 2017, con el Título III de la Ley Helms-Burton aún suspendido, Javier García-Bengoechea, heredero de la familia Bengoechea, una de las propietarias del Puerto de Santiago de Cuba, demandó a una empresa china por un proyecto de construcción en el citado puerto.
Ahora, resta ver si las compañías extranjeras, en su mayoría europeas y canadienses, que han invertido en las propiedades antes mencionadas entrarán en el litigio o presentarán algún recurso para contrarrestar sus efectos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).