Recomendaciones a Díaz-Canel para destrabar la economía cubana
Si el señor Díaz-Canel quisiera de veras destrabar semejante desastre, debería pensar en un proceso de privatizaciones
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LA HABANA, Cuba.- Durante el último Consejo de Ministros del 2019, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó a implementar medidas que destraben la economía cubana, tanto en el sector estatal como en el no estatal. Vaticinó que en el 2020 se deben desatar las fuerzas productivas para lograr el despegue de la productividad y la eficiencia.
Entre los tantos problemas que afectan a la empresa estatal en la Isla sobresalen el robo y la corrupción. Anomalías de las cuales no están exonerados los jefes de esas entidades, pues al no sentirse verdaderos dueños, carecen de sentido de pertenencia.
Lo anterior da lugar, entre otros fenómenos, a la cadena de impagos que hoy torna tormentosa y ficticia las relaciones monetario–mercantiles entre esas empresas.
Si el señor Díaz-Canel quisiera de veras destrabar semejante desastre, debería pensar en un proceso de privatizaciones, ya que ningún dueño verdadero se roba a sí mismo. Pero no, el benjamín del poder se apresuró a declarar que esa fórmula no está incluida en el arsenal de las autoridades.
No obstante, podríamos recomendarle al jefe de Estado otras medidas. Que, si no solucionan el mal principal, al menos atenuarían las trabas que actualmente afronta la economía cubana.
En lo concerniente al sector estatal sería conveniente eliminar las instancias intermedias que hoy separan a las empresas de los ministerios, con el consiguiente aumento de la burocracia y los excesivos controles que asfixian a los productores de base. Nos referimos a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), y a las Juntas de Gobierno.
También habría que reducir el número de indicadores directivos que le impiden a la empresa estatal trabajar con un grado mayor de autonomía. De igual manera, permitir que aquellas entidades generadoras de ingresos en divisas puedan retener a su nivel la mayor parte de esos ingresos. Así estarían en condiciones de acometer procesos inversionistas e incluso estimular a sus trabajadores.
Si nos remitimos al sector no estatal nos encontramos también con fórmulas que propiciarían una mayor calidad a los servicios que cooperativistas y trabajadores por cuenta propia prestan a la población.
Habría que poner fin a la creación de cooperativas “desde arriba”. Es decir, por una imposición del gobierno. Eso solo ocasiona la existencia de falsas cooperativas, sin sentido de pertenencia entre sus asociados. Una cooperativa debe de nacer espontáneamente, por el interés de sus integrantes. Solo así prestará un mejor servicio.
Debía permitirse que los profesionales, entre ellos los recién graduados —después de cumplir con el servicio social—, incursionaran en el trabajo por cuenta propia en las especialidades para las cuales fueron formados.
Sería conveniente eliminar las disposiciones que molestan a los cuentapropistas, y que evidentemente emplean las autoridades con vistas a incrementar el control sobre estos actores no estatales. En especial nos referimos a la obligación de habilitar cuentas bancarias fiscales para el depósito del 65% de sus ingresos mensuales. Medida que ha provocado la baja de no pocos cuentapropistas, sobre todo en las actividades de elaboración de alimentos y de alquiler de viviendas, habitaciones y espacios.
Por último, debe ponerse fin a la práctica de topar los precios que aplican los cooperativistas y cuentapropistas. La propia Constitución reconoce los espacios de mercado —con prevalencia de precios según la oferta y la demanda— para ese sector de la economía cubana. Además, y a la postre, esos precios topados no hacen más que aumentar la escasez y obligar a los consumidores a incursionar en la economía sumergida. O sea, que una supuesta protección al consumidor deviene en más penurias y complicaciones para el ciudadano de a pie.
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