Venezuela y un aniversario poco esperanzador para Maduro
La conmemoración del primer aniversario de la instalación espuria del actual gobierno de Venezuela parece poco prometedora para sus miembros
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LA HABANA, Cuba. – Este viernes —día 10— se cumple un año del actual “mandato” que viene ejerciendo Nicolás Maduro en la primera magistratura de Venezuela. He entrecomillado el término porque, en realidad, se trata de una presidencia espuria, surgida de un verdadero pucherazo orquestado por los chavistas. Pero, bueno, algún nombre hay que darle.
Son ya dos decenios largos los que las fuerzas “bolivarianas” llevan ejerciendo el poder en Venezuela. Y no resultaría aventurado afirmar que, de ese considerable período, este último año es el que más se ha destacado por la escasez, la represión, la emigración de millones de ciudadanos y la involución económica. En una palabra, por las calamidades de toda índole que el chavismo ha generado.
En medio de ese panorama desolador, a los demócratas latinoamericanos nos cabe un consuelo: El desvergonzado irrespeto a la voluntad popular materializado en la farsa electorera en la que Maduro obtuvo aquel falso “triunfo”, ha recibido el decidido rechazo de la comunidad internacional. Esto, a su vez, se ha materializado en la valoración del actual gobierno del exguagüero como un régimen de facto; no uno surgido de la voluntad del pueblo.
A esa reacción internacional (que, comenzando por los Estados Unidos y el Grupo de Lima, ha llegado a comprender a medio centenar de importantes países democráticos) se ha sumado la postura vertical asumida desde enero de 2019 por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Para que se entienda mejor la importancia de ese desafío, conviene que retrocedamos algo en el tiempo.
En 2017 se instaló el nuevo parlamento controlado por la oposición, que eligió como su primer presidente a Henry Ramos Allup. La actitud que asumió entonces ese legislativo fue —por decir lo menos— tibia. Recordemos la treta empleada por Maduro y sus incondicionales para privar a la Oposición de la mayoría cualificada de dos tercios que había ganado en la Asamblea Nacional.
So pretexto de presuntas irregularidades en la elección de los cuatro diputados del Estado Amazonas (tres opositores y un gobiernista), los mandatos de éstos fueron declarados inválidos por el genuflexo Tribunal Supremo nombrado en el albur de arranque, de correcorre, por el anterior legislativo dominado por los chavistas.
Esto implicó dejar sin representación congresional a uno de los estados, una enormidad en cualquier sistema que se considere democrático, pero especialmente en uno de carácter federal. En momento alguno se contempló la celebración de una nueva votación para suplir esa omisión y elegir a nuevos diputados “de manera válida”. Pero estos tecnicismos no arredraron al régimen en Venezuela.
Al no tomar posesión esos cuatro legisladores y mantenerse esa situación de manera indefinida, los antichavistas pasaron a tener menos de las dos terceras partes de los miembros del cuerpo congresional. Esto, a su vez, les impedía adoptar medidas más enérgicas para restaurar el sistema democrático, tales como la de hacer uso del artículo 265 de la Constitución a fin de remover a los magistrados del Tribunal Supremo sometidos de modo incondicional al Gobierno.
Lo que deseo destacar aquí es que la Asamblea Nacional, en aquel momento, toleró esa imposición chavista. Felizmente, algo bien distinto sucedió a partir de la toma de posesión del 10 de enero de 2019; y esto reviste una importancia excepcional. La nueva cabeza del órgano legislativo, Juan Guaidó, declaró públicamente que, como Maduro no había sido electo por la ciudadanía, debía considerarse que la Presidencia de la República, en términos constitucionales, había quedado vacante.
En base a esa interpretación —harto debatible, sin dudas, en el plano puramente jurídico—, surgió una situación de bicefalia en el Ejecutivo Nacional: Maduro (desconocido por el Legislativo y por buena parte de la comunidad internacional) siguió actuando como Presidente de facto. Mientras tanto, Guaidó era reconocido por aquellos mismos como Jefe de Estado de iure, aunque sus “poderes” fueran ficticios.
En los últimos tiempos, la situación de los legisladores oposicionistas se ha mantenido difícil. Se inicia el juicio contra el diputado Juan Requesens (a quien tuve el honor de conocer personalmente cuando el régimen castrista todavía me permitía viajar). Esto se hace en virtud de una autorización arbitraria del Tribunal Supremo chavista, sin que la Asamblea Nacional lo haya despojado de su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, no se permite el acceso a ese acto judicial de familiares, amigos, prensa independiente o diplomáticos extranjeros. Freddy Guevara continúa en la Embajada de Chile. Otros legisladores permanecen exiliados.
A lo anterior se unen las complicaciones relacionadas con la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Por una parte los diputados chavistas, junto a un pequeño grupo de sus congéneres que aún enarbolan banderas opositoras (aunque la generalidad de ellos ha sido expulsada de los partidos en los que militaron y por los cuales fueron electos), escogieron a Luis Parra como nuevo Presidente de ese órgano.
Por la otra parte, el grueso de la Oposición, forzada a reunirse fuera de la sede parlamentaria debido al uso de la fuerza ejercida por uniformados al servicio del dictador Maduro, reeligió a Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional para un nuevo período de un año.
El alto funcionario recién ratificado en el cargo ha citado a sus seguidores para que protesten en las calles. Habrá que ver qué sucede en esos actos de desafío cívico convocados para los días venideros. Esperemos que el desaliento sembrado en la ciudadanía venezolana por años de represión y por el continuismo madurista, sea reemplazada por un genuino deseo de actuar para operar los cambios reales que Venezuela tanto necesita.
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