Sumar presiona a Hacienda para elevar impuestos a las grandes herencias y a la distribución alimentaria
La ronda de contactos entre el Ministerio de Hacienda y los partidos políticos para negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024 ha comenzado y Sumar tiene claras sus propuestas para aumentar la recaudación y mantener la política de gasto del Gobierno: crear dos nuevos impuestos, uno que grave las grandes herencias y donaciones, con el fin de equiparar la carga impositiva de todas las regiones, y otro que se aplique sobre las empresas de la cadena alimentaria cuando se produzcan unos márgenes "excesivos". Con este último tributo, el partido liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incide en la idea de que el sector de la alimentación se ha aprovechado de la espiral inflacionista para engordar sus cuentas.
Por un lado, la idea de Sumar es reforzar el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas -aplicable a patrimonios netos superiores a tres millones de euros- que se aprobó durante la legislatura pasada y se ha prorrogado para 2024, y extenderlo también a grandes herencias. La formación liderada por Yolanda Díaz quiere con esto evitar que en algunas comunidades salga gratis enriquecerse, como ocurre en regiones lideradas por el PP que bonifican el impuesto sobre el patrimonio. De hecho, después de que el Tribunal Constitucional desestimase los recursos de la Comunidad de Madrid y Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas, ambas regiones han decidido eliminar sus bonificaciones del 100% al impuesto de patrimonio para que la recaudación de las grandes fortunas vaya a las arcas regionales. No obstante, la Comunidad de Madrid contrarrestará esta medida como incentivos fiscales a los inversores.
Sumar también quiere crear un impuesto "inteligente" en la cadena de producción y distribución alimentaria que sólo actúe si los márgenes de beneficio de la cadena siguen estando por encima de los de 2019. En concreto, según ha explicado Sumar a Europa Press, el gravamen sería del 1,2% sobre la cifra de negocios neta si la diferencia entre los márgenes empresariales entre 2024 y 2019 supera la diferencia entre el margen de 2023 y 2019, año anterior a la pandemia. El impuesto bajaría al 0,6% si el margen del 2024 supera al de 2019 y se anularía si el margen es igual inferior al periodo prepandemia.
El impuesto comenzaría a devengar en 2024 y habría un pago a cuenta en febrero de 2025, mientras que la liquidación definitiva sería en julio de 2025. Según ha explicado Sumar, el gravamen castiga los comportamientos abusivos de las empresas de manera gradual y se anula cuando el mercado funciona "de manera competitiva". "Sus efectos beneficiosos ya operarían en 2024, aunque se pague en 2025, pues el nivel del gravamen se determina por el comportamiento empresarial del año en curso", apostilla la formación.
Además de estas propuestas fiscales, el grupo ha sugerido una aproximación del IRPF entre las rentas de trabajo y el capital, que se elimine la exención del IVA a la educación universitaria privada, una rebaja de este mismo impuesto a las peluquerías y establecimientos veterinarios y un IVA "superreducido" para los pañales y los productos sin gluten. Cabe recordar que mediante la aprobación del decreto ómnibus, a finales de 2023, el Gobierno prorrogó otro año los impuestos temporales a los bancos y las energéticas y su intención en convertirlos en permanentes a partir de 2025.