Díaz quiere fiscalizar a distancia el registro horario y elevar las sanciones para quién lo incumpla
Los empresarios advierten que este registro digitalizado es inviable para la mayoría de las pymes y la Inspección avisa de que se necesitan medios y personal que "nos sigue negando la ministra". El Ministerio cede ante los agentes sociales y computará la reducción de jornada de forma anual
El Ministerio de Trabajo ha vuelto a la carga con su intención de endurecer su presión sobre los empresarios para fiscalizar el registro horario y aumentar las multas para las empresas que lo incumplan. Así, pretende digitalizarlo y hacerlo accesible en remoto para la Inspección de Trabajo. Así se lo ha trasladado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a patronal y sindicatos en una nueva reunión del diálogo social, a través de una nueva propuesta que pretende hacer este registro "más accesible, fiable y transparente. Prescindir del papel, porque es una fórmula de registro fácilmente manipulable y difícil de custodiar, para tender hacia las nuevas tecnologías", ha dicho Pérez Rey a la salida de reunión, que ha insistido en que "es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto".
Aunque Pérez Rey ha apuntado que en esa modernización se tendrían en cuenta las características de las pymes, ofreciendo una mayor flexibilidad a las empresas que tengan más dificultades en la implantación de este registro digitalizado, no ha detallado cómo sería esa implantación para ir prescindiendo del papel como soporte, y se ha limitado a afirmar que "serán concretados en el seno de las negociaciones".
Sin embargo, fuentes empresariales ya han manifestado sus dudas sobre esta propuesta, dado el tejido empresarial español, en el que la inmensa mayoría son micropymes de menos de 10 empleados. "No sabemos el alcance de esta medida ni cómo lo van a llevar a cabo, pero ahora mismo sería imposible llevarlo a cabo". Además, alertan de que sería "un proceso muy largo y económicamente costoso para las pymes, si no el Ministerio no dispone de medidas económicas y temporales que favorezcan esta implantación". También alertan de que según se ha planteado "parece que el único objetivo es recaudar a base de multas más cuantiosas. Por eso no vamos a pasar", concluyeron las mismas fuentes.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo ha advertido desde hace semanas que endurecerá las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral para que "a nadie le merezca la pena incumplir la jornada laboral", para lo que no sólo elevarán las cuantías de las sanciones, sino que introducirán otros cambios como que la multa no sea por empresa, sino por trabajador cuyo derecho se haya vulnerado, por lo que la multa puede multiplicarse por diez en el caso de una pyme de 10 trabajadores. "Las sanciones en materia de tiempo de trabajo no son disuasorias, no consiguen su objetivo. No es sancionar, recaudar, sino que cumplan con sus obligaciones".
Fuentes de la Inspección de Trabajo han vuelto a poner en duda que este plan pueda llevarse a cabo si no se mejoran los recurso y la plantilla del organismo para poder asumir las nuevas responsabilidades y la mayor carga de trabajo. Fuentes sindicales de la Inspección recuerdan que "será asumirlo si no se avanza con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la ITSS, adoptando medidas organizativas que permitan su implementación. La experiencia de anteriores instrumentos de planificación en este organismo resulta concluyente y exige el desarrollo del activo más valioso de la Inspección de Trabajo, que es sin duda el capital humano, que sigue siendo exprimido por la ministra y aumentar los recursos". Ninguna de estas nuevas medidas, ni las posibles sanciones, serán posibles si la Inspección no es capaz de afrontar más actuaciones. "Esas inspecciones ya se hacen presencialmente, pero ampliarlas es ahora mismo una quimera", concluyen desde la Inspección.
También los sindicatos han mostrado sus dudas. La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha valorado el refuerzo del sistema de control horario, pero ha señalado que deberá garantizarse que "los representantes legales de los trabajadores tengan acceso a esos datos del registro digitalizado". Asimismo ha apuntado que deberá verse qué modificaciones son necesarias para las empresas de menos de 50 personas que son la mayoría en España adopten estos cambios con medios "fiables".
Por otro lado, el Ministerio ha tenido que ceder ante patronal y sindicatos y ha aceptado que la reducción de la jornada se realice garantizando el computo anual de la misma para "garantizar la flexibilidad en la aplicación de esta reducción", tanto para empresarios como para trabajadores. También ha avanzado que se reformará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores "para fijar las 37,5 horas en cómputo anual", para luego, mediante un mecanismo transitorio, ir aplicándola secuencialmente durante esta fase y "con el tiempo y la flexibilidad suficiente para que empresas y trabajadores tengan tiempo de adaptarse a esta reducción de jornada". Eso sí, limita a 2024 ese objetivo de 38,5 horas para que "se pueda alcanzar de manera paulatina, que las empresas puedan ajustar su programación sabiendo que van a contar con menos tiempo de trabajo disponible, para lo que tendrán que llevar a cabo otras medidas para ajustarse a ese primer escalón de la limitación". Los sindicatos piden hablar también de horas extra