Los bienes que ofrece el denunciante de Alvise para hacer frente a la macrodemanda por estafa
Álvaro Romillo, el denunciante de la supuesta financiación ilegal del partido político de Alvise, ha trasladado a la Audiencia Nacional (AN) su intención de poner su patrimonio a disposición de sus antiguos clientes de Madeira Invest Club (MIC) para que puedan ver "resarcido" el dinero que les habría estafado.
Advierte su defensa, que encabeza el letrado Francisco Miranda, sobre la necesidad de que se nombre un administrador judicial para que gestione sus activos porque "si no se administra en la forma adecuada pueden perder todo su valor en semanas".
El empresario, además de pedir que se proceda al embargo de la cuenta de una entidad bancaria portuguesa en la que depositaba las ganancias de MIC, pone a disposición de los que han impulsado la macrodenuncia contra él una docena de mercantiles vinculadas a negocios de toda clase que montó con el dinero que logró con los eventos que montaba y las obras digitales que publicitaba.
Creó, como explica en la solicitud de embargo remitida a la AN, una estructura societaria que gestiona varios negocios de restauración, un autocine, festivales de música, tiendas, propiedades y con el que dice Romillo haber podido hasta ahora "cumplir con todos los contratos de los inversores" de Madeira Invest Club.
Sobresalen un festival de música, de nombre Selvatic, cuya celebración está previsto que finalice este próximo sábado en Málaga, un hotel en la ciudad andaluza de Granada, la cadena de restaurantes Negro Carbón, que cuenta con dos locales en Madrid y otro par en Málaga, y el espacio cultural MálagaForum.
La lista la completan una empresa de alquiler de embarcaciones, otra de coches y una firma de consultoría y fiscalidad en activos virtuales.
De hecho, entiende su defensa que la comunicación del cierre de MIC "es lo que motivó la interposición de la denuncia colectiva que propició la incoación" de las diligencias que ahora se vienen a desarrollar.
Romillo insiste así en su disposición de colaborar con la Justicia reconociendo los hechos y ofreciendo sus activos para el pago de los inversores que le han llevado a los tribunales de forma conjunta.