Parteaguas en las políticas demográficas mundiales

A 30 años del Programa de Acción de El Cairo, aún quedan desafíos por afrontar.

Regresarnos al año 1994 es un ejercicio de memoria para un 55 % de la población, en tanto, para el otro 45 %, el reto cae en la categoría de relato histórico.

Algunos hitos de ese año nos recuerdan dónde estábamos como sociedad. En nuestro país se dio el cambio de administración entre los hijos de los dos grandes líderes del bipartidismo del siglo XX, en una Costa Rica de 3,4 millones de habitantes y con una tasa de fecundidad de 2,9 hijos por mujer en edad reproductiva.

En el mundo, el Premio Nobel de la Paz les fue otorgado a Yasir Arafat, Simón Peres e Isaac Rabin, por promover la cooperación y la convivencia entre israelíes y palestinos; y una cuarta Copa Mundial de Fútbol se colocaba en los vitrales de la Selección brasileña.

Empero, especial transcendencia recae sobre la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo, Egipto, en setiembre de 1994. Este encuentro de 179 países, entre ellos Costa Rica, marcó un parteaguas en las políticas demográficas mundiales, configuradas previamente en Roma (1954), Belgrado (1965), Bucarest (1974) y México (1984).

El abandono del paradigma de metas demográficas, el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencia destacan como nuevos pilares de la CIPD.

A la luz del entonces emergente concepto de desarrollo sostenible y de una mirada demográfica desde el lente de los derechos humanos, el Programa de Acción (PoA) de El Cairo y el Consenso de Montevideo (CdM), como capítulo regional para América Latina y el Caribe (ALC), han logrado que la mortalidad materna evitable haya caído en un tercio desde 1994, que los embarazos no intencionados se reduzcan en dos quintas partes, que se reconozcan los aportes de la migración al desarrollo y se visibilicen y reconozcan los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y adultas mayores.

El informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado Vidas entrelazadas, hilos de esperanza, llama la atención sobre cómo muchos de los avances en derechos sexuales y reproductivos de los últimos 30 años se concentran en mujeres de grupos privilegiados, no solo en países desarrollados y los que están en proceso de desarrollo, sino también en lo interno de sociedades desiguales.

A la vez, urge un cierre de brechas con miras al ejercicio pleno de esos derechos de las mujeres, que movilice a los sectores de la sociedad que disfrutamos de esos logros y libertades.

Los beneficios de una acción articulada de iniciativas públicas y privadas para este fin se distribuirían a lo largo de la sociedad, con impactos significativos en el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible.

Los desafíos pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos, y la necesidad de desarrollar la resiliencia frente a la ansiedad demográfica en sociedades en rápido envejecimiento, como Costa Rica, deben confluir en las políticas de desarrollo.

Nos debe ocupar que la reducción de las muertes maternas evitables en el mundo se ha estancado desde el 2016, y en muchos países este indicador aumentó temporalmente durante la pandemia, tal como sucedió en Costa Rica. En el caso de las mujeres afrodescendientes e indígenas, estas incidencias fatales durante el embarazo o el parto incluso se triplican en comparación con el resto de la población.

También, una de cada 10 mujeres no puede tomar decisiones de manera autónoma sobre el uso de anticonceptivos, y ALC sigue siendo la segunda región del mundo con mayor incidencia de embarazos en la adolescencia. La violencia obstétrica se ciñe de manera particular contra mujeres con discapacidad o sexualmente diversas, y de grupos étnicos vulnerabilizados.

La agenda de la CIPD sigue vigente para desempedrar la ruta de la igualdad de género, y funge como acelerador de los objetivos de desarrollo sostenible.

En Costa Rica, son desafíos erradicar las relaciones impropias y reducir los embarazos no intencionados; garantizar que la experiencia del embarazo, parto y posparto se viva con un enfoque de derechos humanos, considerando la interculturalidad; garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos; ampliar oportunidades para que cada mujer decida y alcance en libertad su ideal reproductivo; y prepararnos con evidencia prospectiva para una sociedad envejecida pero sostenible.

El autor es jefe del UNFPA en Costa Rica.