Consejeros del Consultivo ventilaron en 24 horas sus once primeros dictámenes
La Junta aprobó una profunda renovación del Consejo Consultivo a mediados de enero. La decisión fue polémica puesto que el Ejecutivo autonómico, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, decidió no pactar los nombramientos con el resto de grupos políticos para asegurar la pluralidad parlamentaria. Los primeros pasos dados en la institución ya empiezan a ser llamativos. De hecho, los nuevos consejeros ventilaron en 24 horas once dictámenes que suelen ir acompañados de una documentación voluminosa.
Como se recordará, el Consejo de Gobierno sorprendió el martes 16 de enero aprobando una renovación unilateral del órgano. De los siete miembros que hasta entonces componían la Comisión Permanente sólo siguieron el presidente, Juan Cano Bueno, que lleva en la institución desde el año 2002 y no tiene a diferencia del resto limitación de mandatos; la ex consejera socialista Begoña Álvarez; y el ex presidente de la Junta Rafael Escuredo. El Ejecutivo cesó tanto a los dos miembros a propuesta del PP-A –José Antonio Sánchez Galiana y Francisco Gutiérrez– como al miembro que entró a propuesta de IULV-CA, Eduardo Román Vaca. De éstos, Francisco Gutiérrez podía seguir puesto que, en las mismas condiciones que Begoña Álvarez, aún le quedaba el segundo mandato de cinco años.
Ocupando los sitios vacantes entraron Ángel Rodríguez Vergara, María Jesús Gallardo, Juan Gorelli y la ex senadora y ex consejera socialista María del Mar Moreno. Estos últimos tomaron posesión del cargo el 23 de enero, en un acto en el Palacio de San Telmo que contó con la presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. A la mañana siguiente estaban en el Palacio de Bibataubin en la capital granadina, sede del Consejo Consultivo, participando en su primer Pleno ordinario. En esa sesión, tal y como se puede comprobar en el portal web del órgano, salieron adelante un total de 11 dictámenes. De ellos, nueve se refieren a solicitudes sobre procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración. Y otros dos a la resolución de un contrato de suministro de la Diputación de Sevilla; y al proyecto de decreto sobre la creación del municipio de Tharsis (Huelva) por segregación de Alosno, un extremo que no fue admitido por el máximo órgano asesor de la Junta de Andalucía.
En todos los casos los expedientes de dictamen van acompañados de una amplia documentación. Los cuatro nuevos consejeros tuvieron en el mejor de los casos una tarde para revisarla. Lo habitual es disponer de 15 días, el lapso de tiempo que suele transcurrir entre cada sesión plenaria. La participación de los nuevos miembros esta vez sí era necesaria porque de otro modo no hubiera existido quórum para que el Pleno se llevara a cabo. No hubo ninguna voz discrepante expresada a través de votos particulares. Los ponentes de todos los dictámenes fueron la ex consejera Begoña Álvarez y el ex presidente Rafael Escuredo. El número habitual de asuntos que entra en una sesión de la Comisión Permanente es 25. Esta vez se redujo el número. Entre las materias que se quedaron en el cajón figura el nuevo decreto regulador de la adjudicación de las farmacias, que tuvo que aplazarse a la sesión siguiente del 31 de enero. Lo aprobó la Junta de Andalucía el 6 de febrero en la reunión habitual del Consejo de Gobierno.
Por otra parte, hay un dato que conviene tener en cuenta. El cese de los antiguos consejeros fue fulminante. Se produjo el día 16 de enero, a la misma vez que se aprobaron los nuevos nombramientos por parte del Consejo de Gobierno. No obstante, el artículo 25 del Reglamento de la institución recoge claramente que «quienes hubieran cesado por terminación del plazo de su nombramiento continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se produzca nueva designación y la correspondiente toma de posesión». Esto es, en una estricta interpretación de la normativa, debieron permanecer en el Consejo Consultivo una semana más tarde hasta el día 23 en el que se produjo la toma de posesión de los nuevos altos cargos en el Palacio de San Telmo.
Este movimiento de piezas de la Junta de Andalucía ha recibido las críticas de todos los partidos de la oposición. El PP-A ha tachado la renovación directamente de «cacicada», mientras que el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, afeó a Susana Díaz en el último Pleno del Parlamento la actitud «sectaria» de la Junta. Podemos también ha criticado duramente la decisión del Ejecutivo autonómico y Ciudadanos, como socio preferente del PSOE, lamentó que la Junta no hubiera entablado «ningún diálogo» ni hubiera «informado previamente al resto de fuerzas políticas».