El juicio, del «club» de los ERE a la «cocina» de la Consejería de Empleo
Jornada plúmbea y excesivamente técnica del juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Durante el interrogatorio, a preguntas de su letrado, el exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez Román, ha asegurado este martes que le «duele mucho» que se plantee que los acusados concertaron sus actuaciones para repartir de forma arbitraria y al margen de los controles de la Intervención de la Junta un total de 855 millones de euros a través de ayudas a empresas durante más de diez años.
Cuando su abogado, José Manuel García-Quílez, le ha preguntado si se pusieron de acuerdo para distribuir ayudas arbitrariamente, Rodríguez Román dejó una de las frases de la jornada: «Es complicado contestar a eso. No sé cómo se pueden poner de acuerdo a tantas personas a la vez para hacer algo que desconocía. ¿Cómo se hacía? ¿Había una contraseña para entrar en el club?».
Román, que se enfrenta a 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público, ha señalado que «nunca» nadie le trasladó alguna sospecha de irregularidad o ilegalidad sobre los convenios particulares que firmaba la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y la agencia IFA/IDEA, el ente instrumental adscrito a Innovación que pagaba las ayudas que aquélla concedía. «Le aseguro que ni yo ni la mayoría de personas que nos sentamos aquí teníamos conocimiento o sospecha de que pudiera haber algún tipo de irregularidad», ha sentenciado.
Este acusado añadió que tampoco tuvo «interés» en leerse el convenio marco de 2001 que consagró este sistema de acuerdos particulares pero no dudó de su legalidad.
Para ello se utilizaba un mecanismo, las transferencias de financiación, cuyo uso fue cuestionado por la Intervención de la Junta en sucesivos informes de control financiero permanente de la agencia IDEA remitidos a tres consejeros distintos.
A la pregunta de si recibió el informe adicional del ejercicio 2003 de la Intervención que analizaba algunos expedientes de ayudas al hallar un desfase presupuestario en la agencia, el exviceconsejero, que ahora trabaja como técnico en la empresa pública Veiasa, contestó que «el director general no le comentó el contenido del informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía». Lo que le comunicó es que la agencia «no tenía que hacer absolutamente nada, salvo lo que le pedía la Intervención delegada».
Control presupuestario
Tras Rodríguez Román, ha empezado a declarar Javier Aguado Hinojal, secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2008, quien ha preguntas del fiscal, Juan Enrique Egocheaga, ha explicado las competencias de su departamento, cuyo principal cometido es el control presupuestario y el control del personal de la Consejería. En este sentido, ha relatado que «éramos las amas de casa de la Consejería, donde se hacía toda la cocina y las modificaciones presupuestarias [para aumentar la partida de los ERE] que nos han traído a esta causa eran una mínima parte del trabajo de esta Secretaría General Técnica».
Aguado, que también se enfrenta a 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos publicos, ha relatado que en el año 2000 no era consciente de que esa transferencia de financiación «era para pagar subvenciones» al ser preguntado por la primera modificación presupuestaria en la Consejería de Empleo para utilizar a la agencia IFA como entidad pagadora.
El ex secretario general de Empleo, que es maestro de profesión y funcionario del grupo A1 de la Junta, ha justificado la existencia de un programa de ayudas sociolaborales y para empresas: «La conciencia de cualquier ciudadano es que a las empresas en crisis había que ayudarlas».
Además, Aguado reconoció que conocía la existencia de un desfase presupuestario en la agencia IFA/IDEA porque Empleo comprometía más gastos en ayudas que dinero le enviaba. «Sabíamos que había más peticiones realizadas por la Dirección General de Trabajo que créditos presupuestarios. De ahí, las modificaciones presupuestarias para compensar ese desfase».