Un jefe de la UCO confirma que la Junta «decidió» implantar el sistema de los ERE
Ha desempolvado junto a otros compañeros una década de olvido. El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que conoce buena parte de las declaraciones cruzadas en los ERE y firmó varios atestados del caso apuntó ayer no sólo al ex consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, al que afectan varios de sus informes que ratificó, sino a todo el Gobierno andaluz. Aseguró que éste supo que «había un problema» con el pago de varias ayudas sociolaborales ahora bajo sospecha. A preguntas de la Fiscalía situó la «génesis» de la causa en un dinero asignado en 1999 a Hijos de Andrés Molina, al que puso reparos la Intervención regional. «Había que solucionar rápido» lo descubierto y «se optaba por agilizar todo», dijo. Es ahí, en ese contexto de celeridad, donde el agente incorporó «la discrecionalidad fundamental para resolver estos asuntos». «Como tienen problemas con la fiscalización crítica –previa–, pues van a este procedimiento para esta clase de ayudas», condensó en alusión al sistema que el Ejecutivo regional ideó para repartir los fondos públicos y que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Luego, a preguntas del abogado del PP-A Luis García Navarro hilvanadas al Consejo de Gobierno, reiteró que entendía que sus miembros «eran conscientes» de las ayudas y en relación al «procedimiento exacto» para otorgarlas, alegó que sabían que se producían «modificaciones presupuestarias» para soportar los pagos, que vieron que «se estaban cambiando partidas presupuestarias» las cuales «se especificaba para qué eran» y, en algún caso, «hasta las empresas» para las que iban destinadas. «Detectan un problema y el Gobierno toma una decisión», repitió a modo de resumen, algo que «se ve refrendado por las modificaciones presupuestarias» para nutrir los ERE que pasaban muchos filtros y se perpetuaron año tras año, por lo que, a ojos del investigador, es poco probable que no existiera «esa voluntad» de usar el polémico modelo. Aseveró que éste no lo inventó el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los 22 encausados, y relató que al mismo se le preguntó por qué «siempre» aparecía «gente vinculada al partido que está gobernando –el PSOE–», a lo que contestó que «no había publicidad», con lo que «era lógico que se enterasen los que estaban al lado». El agente destacó en múltiples ocasiones el «descontrol» existente en torno a las ayudas.