Condenado un profesor de Aranda a 7 años y medio de prisión por abusos y corrupción de menores
busos y corrupción de menores, según se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso Ep.
En concreto, determina que J.A.G.B. es responsable de un delito de corrupción de menores y de otro de abuso sexual a un menor de trece años, por lo que se le condena a una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por el primero de los delitos y de tres años y tres meses de prisión por el segundo.
Por el delito de corrupción de menores, la sentencia le inhabilita para el ejercicio de cualquier profesión o cargo relacionado con la educación de menores, pública o privada, durante un periodo de cinco años, y estipula la prohibición de acercarse a las víctimas a una distancia inferior a los 1.000 metros, prohibiéndose además cualquier comunicación con los menores, por cualquier medio, por un periodo de seis años.
En cuanto al delito de abuso sexual, además de la condena de cárcel anteriormente citada, la sentencia le condena a la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión o cargo relacionado con educación de menores, en cualquiera de sus ámbitos, durante un periodo de cinco años, así como la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros y a entablar comunicación con ella durante seis años.
La sentencia considera por lo tanto probado que J.A.G.B. entabló conversaciones con el menor a través de Facebook a través de dos perfiles diferentes, en las que le exigía que le enviara fotografías desnudo, masturbándose o en posiciones sexuales obscenas, bajo la amenaza de publicar las que ya tenía en su poder, pues de forma previa se había ganado su confianza a través de esta misma red social y había recibido material de este tipo.
En el registro del domicilio del ahora condenado, los integrantes de la comisión judicial encontraron gran cantidad de material y archivos de contenido pedófil
o, así como fotografías de menores de edad, algunos, incluso, eran alumnos suyos en el colegio donde impartía clases desde 2010.
Cabe señalar que el acusado disponía y utilizaba sofisticados programas operativos relacionados con el mundo de la pornografía infantil, así como diversas aplicaciones para evitar problemas derivados de la navegación por Internet.