La futura Ley de muerte digna estará aprobada antes de que entre el verano
El Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el proceso final de su vida, más conocido como muerte digna, se encuentra en su recta final, en lo que al consenso parlamentario se refiere. Desde que esta iniciativa de Ciudadanos fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en marzo de 2017, la tramitación parlamentaria se ha prolongado durante más de un año. En el trámite de enmiendas se presentaron un total de 160 y posteriormente se constituyó la Ponencia.
Después de una primera lectura al borrador redactado en el seno de la Ponencia constituida para su negociación en la Cámara Baja, hoy vuelve a reunirse para volver a analizar el texto elaborado por la letrada, con las nuevas aportaciones realizadas.
Si hay acuerdo entre los grupos parlamentarios, incorporando las enmiendas que no puedan ser pactadas, el texto pasará a votarse en la Comisión de Sanidad, que tiene competencia legislativa plena, posteriormente irá al Senado y, si hay nuevas enmiendas, vuelta al Congreso y se convertirá en ley si consigue el respaldo mayoritario.
Algunas fuentes parlamentarias consultadas por ABC apuntan a que hoy podría producirse el acuerdo. Sin embargo, otras indican que todavía hará falta una nueva reunión. En cualquier caso, del Congreso salñdrá a lo largo de este mes o como muy tarde en junio.
Sanciones
La principal reclamación del Grupo Parlamentario Socialista, que es la eliminación en la ley del capítulo de sanciones, no será atendida, por lo que se mantendrá como enmienda al texto final. Igualmente, el Partido Popular está pendiente de ver cómo queda la redacción de la «lex artis», o lo que es lo mismo, que aunque se respete la voluntad del paciente para recibir sedación «siempre se tenga en cuenta el código deontológico del médico».
La propuesta de Ciudadanos tiene tres puntos fundamentales. El primero es el derecho de los pacientes a recibir información anticipada de su dolencia, lo que le permitiría elaborar un testamento vital. La segunda cuestión es el derecho a la suspensión de las medidas de soporte vital; y la tercera es el régimen sancionador.
Ciudadanos también introduce la objeción de conciencia, de manera excepcional, y siempre que haya otro profesional como garante de la ley.