Editorial ABC: El «yo acuso» de Alaya

La juez Mercedes Alaya, magistrada en la Audiencia Provincial de Sevilla e instructora durante años del caso de los ERE falsos de la Junta de Andalucía, rompe su silencio en ABC con una entrevista que es un acta de acusación en toda regla. Describe un panorama desolador de presiones e intereses políticos contra su investigación de los ERE falsos, la mayor trama de corrupción pública de la historia democrática de España que ahora se está juzgando. El reproche alcanza, por ejemplo, a figuras históricas del socialismo, como Alfonso Guerra, o a la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Pero aún hay más. Cree la magistrada que PSOE y PP, a través de los vocales que designaron en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), forzaron su apartamiento de la causa para favorecer el estatus quo que tenían en el poder autonómico. Alaya pidió la plaza que ahora ocupa en la Audiencia sevillana, pero su intención era mantenerse en el juzgado de instrucción en comisión de servicio, lo que el Poder Judicial no permitió. También denuncia presiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y deja sobre la mesa «cosas asombrosas» que vio en la trama corrupta de la Junta de Andalucía. Carga contra la falta de independencia de la Fiscalía y del órgano de gobierno de los jueces, controlados por el Ejecutivo de turno, que nombra al fiscal general, y los partidos, que eligen a los vocales del CGPJ.

Alaya afirma que se expuso a las maniobras del gobierno socialista andaluz para torpedear su trabajo y ahora se expone a las críticas (y quién sabe si a una sanción disciplinaria) de los destinatarios de su «yo acuso» en la esfera judicial. Aunque sus decisiones como instructora pudieron haber conducido de forma más ágil el desarrollo de la investigación, lo cierto es que con las denuncias de Mercedes Alaya en la entrevista que hoy publicamos no hay que hacer lo que el necio y el dedo que señala la luna, que se queda mirando el dedo, sino plantear qué ha pasado en la historia judicial de los ERE para que una magistrada de su proyección social dé un paso de tanto compromiso público para exponer una situación incompatible con los valores del Estado de Derecho. Porque el alegato de la magistrada sevillana es, en algunos puntos, de severa gravedad, sobre todo cuando afirma que tiene «la percepción personal» de que desde instancias políticas se pusieron palos en las ruedas para que no investigara, por ejemplo, el caso de los cursos de formación. Su testimonio deja tantas sombras preocupantes que debieran ser rebatidas por los principales destinatarios de este «Yo acuso» de Alaya. A partir de ahora, quien calla, otorga.