El Síndic exige a Marzà que asegure el uso de las dos lenguas oficiales
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha pedido al conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà que garantice «el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración de la Comunitat Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía y de conformidad con el principio de antiformalismos, sencillez y eficacia que debe presidir todas las actuaciones administrativas». Y añade en el requerimiento dirigido al conseller que «la lengua no se debe utilizar como arma arrojadiza entre los valencianos»
La indicación del síndico viene motivada por la queja formulada por el asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, quien presentó una queja ante la Oficina de Derechos Lingüísticos contra el Ayuntamiento de Valencia por la publicación de todos los contenidos de la intranet municipal en valenciano «impidiendo la libre elección de idioma como sí ocurre con todas las demás aplicaciones informáticas municipales cuyo idioma predeterminado es el valenciano pero donde se permite a cada usuario mantenerlo así o cambiar el idioma al castellano».
La reclamación fue dirigida al director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, redactada en castellano, y fue contestada por la Oficina de Derechos Lingüísticos redactada exclusivamente en valenciano.
Practicados los requerimientos necesarios por el síndic a instancias de la denuncia de Salom, alega la Oficina de Derechos Lingüísticos que, pese a que el reclamante se dirigió a la Oficina en castellano, no especificó en qué idioma quería obtener contestación a su queja.
Ante tan paradójica explicación, habida cuenta de que la queja tanto ante el Ayuntamiento como después ante el síndic era relativa a la imposibilidad de comunicarse en castellano con la Administración, le advierte la Sindicatura de Agravios a la Oficina de Derechos Lingüísticos que «no es necesario que los ciudadanos de nuestra Comunitat deban señalar de forma expresa en qué lengua oficial desean recibir la respuesta o contestación de la Administración, entendemos que la elección se hace por la mera utilización de la misma al dirigirse a la administración.
Además, le recuerda al conseller Marzà, que «el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, así como la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano encargan efectivamente as la Generalitat, garantizar el uso normal del valenciano en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, ello no es óbice para que con un criterio de generosidad, y de conformidad con el mandato estatutario, coexistan en nuestra Comunidad ambas lenguas y que la lengua no sea utilizada como arma arrojadiza entre los valencianos».
Recuerda que el ciudadano «acude a la Administración pública solicitando una actuación administrativa determinada» y que el éxito de su pretensión «requerirá la eliminación de toda barrera burocrática y administrativa y la normativa vigente trata de facilitar su derecho a relacionarse con los órganos administrativos de forma sencilla y eficaz».
La queja que formuló el asesor del PP tenía su origen en la utilización, exclusivamente, del valenciano, en la intranet del Ayuntamiento de Valencia. Si bien la respuesta del Síndic se centra en el comportamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos.
El síndic hace una llamada ala sensatez para quitar trabas burocráticas a las ciudadanos en su relación con la Admi-nistración.