El fiscal pide el archivo de las causas contra Orozco en la Pokemon

La Fiscalía solicitó el pasado 30 de enero a la juez Pilar de Lara que archive las imputaciones que, dentro de la denominada «operación Pokemon», arrastra el exalcalde de Lugo, el socialista José López Orozco. Contra él, la instructora mantiene abiertas dos piezas abiertas, por supuestamente amañar el concurso de la grúa en Lugo en favor de una de las empresas del grupo Véndex y recibir dinero y regalos a cambio, y por interceder con concesionarias municipales para presuntamente colocar a diversas personas. Sin embargo, el fiscal del caso considera que «no hay indicios consistentes» que sostengan las acusaciones de la juez «después de seis años de instrucción», y que por tanto, «para no arrastrar hasta el final del proceso» al exregidor, solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él.


El fiscal del caso reconoce en su escrito que la acusación que De Lara formula contra Orozco por haber recibido dinero de una concesionaria no está sustentada en testimonios directos. «Nadie da fe de que se le entregase el soborno (...), nadie afirma que lo presenciase». Además, deriva las responsabilidades por el posible amaño del contrato de la grúa al personaje central de la trama, el exconcejal Francisco Fernández Liñares, cuyo patrimonio «creció considerablemente» gracias a las mordidas, mientras que el de Orozco «corresponde con su profesión y su familia».


Además, la petición de «mordidas para el alcalde» que realizaba otro de los imputados en el caso no sería, a juicio del Ministerio Público, una prueba de la implicación de Orozco, sino una apelación de este encausado «para reforzar su propia posición» ante la concesionaria.


Igualmente, otro de los elementos de cargo de De Lara contra el exalcalde es la recepción de un jarrón «de 147 euros más IVA» como obsequio navideño procedente de esta concesionaria, una prueba del supuesto cohecho. «El valor del obsequio no es elevado ni es apropiado para conseguir a cambio un beneficio o para agradecer un favor», estima el fiscal, y se remite a la jurisprudencia en este sentido tanto del TSXG como del Supremo.


Por último, la Fiscalía explica a la juez instructora que el hecho de que el alcalde firme resoluciones elaboradas por el personal municipal «no significa que participase en su elaboración o mismo que conozca el fondo del asunto», añadiendo además que Orozco tenía en aquel asunto «delegadas sus funciones». De paso, le recuerda un caso de los años 90 juzgado por la Audiencia Provincial en el que no fue llamado a declarar el firmante de una concesión de una pensión no contributiva, ni tan siquiera la jefa de área, sino que se condenó al autor de la propuesta.


A pesar de que el escrito está firmado por el fiscal Jesús Álvarez el pasado 30 de enero, los abogados de algunas partes no han tenido acceso a él hasta esta misma semana. Sin embargo, sí pudieron tener conocimiento del mismo casi de inmediato los abogados de la acción popular, que en el caso «Pokemon» ejerce la Asociación de las Cuestas del Parque de Lugo. Esta asociación, que en todo el proceso se ha situado siempre en sintonía con las investigaciones llevadas a cabo por Pilar de Lara, se opuso en un escrito del 6 de febrero a la desimputación de Orozco.