El CES subraya que la mejora del PIB empieza a llegar a la población
Según destacó la presidenta del CES, la evolución de la economía gallega durante 2017 fue buena tanto por la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) como por el descenso del paro. Porro recordó que Galicia encadena nueve trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 3% y que cerró el año pasado con un alza del PIB de 3,1 puntos. «Este dinamismo económico se traslada también al mercado de trabajo», afirmó la presidenta del órgano consultivo, quien apuntó que en materia de desempleo aún no se han logrado recuperar los niveles anteriores a la crisis económica.
Pese a reconocer que los indicadores de desigualdad y pobreza que empeoraron durante los años de recesión podrían ser algo mejores, Corina Porro aseguró que, con todo, los «macrodatos positivos» están teniendo reflejo y «llegando» a la población gallega, «no como hace unos años». La preocupación por la pobreza y la desigualdad, afirmó la presidenta del CES, «es común a toda la sociedad». Porro destacó que en el Marco del Plan Estratégico de Galicia más de la mitad del presupuesto, concretamente el 50,7%, «se destina a políticas de bienestar de las familias y a la cohesión social». Otra parte sustancial del presupuesto prosiguió, casi un tercio, «se dedica al fomento de la empleabilidad y el crecimiento inteligente».
Porro llamó también la atención sobre un «problema de base» que afronta Galicia, que es el de la crisis demográfica. En cualquier caso, afirmó que «se está en el buen camino» con medidas como la creación de un observatorio para «trabajar de forma conjunta». Al respecto, la memoria subraya la «preocupación» por el descenso de la población y por un crecimiento natural «cada vez más negativo, debido, entre otros aspectos, a la reducida tasa de natalidad, al incremento de la edad media o a la emigración de jóvenes con una edad de tener hijos». Para el CES, es «prioritario corregir el desequilibrio territorial» y las administraciones «deben impulsar iniciativas para evitar que la población asentada en áreas con menos posibilidades sea discriminada por razón del territorio». El sobreenvejecimiento de la población (mayor de 75 años) y la dispersión territorial, avisa, «inciden de manera significativa en el coste de la prestación de la mayor parte de los bienes y servicios públicos», una cuestión que debería tenerse en cuenta en la nueva financiación autonómica.