Familiares de las victimas del conflicto en Nicaragua acusan a Ortega de pausar investigaciones
La Asociación Madres de Abril (AMA) señaló este lunes al Gobierno de Daniel Ortega y al Poder Judicial de Nicaragua de buscar impunidad y no querer esclarecer las muertes ocurridas en el marco de las protestas callejeras que se desataron desde el 18 abril de 2018.
La reacción de la Asociación se da luego de que este lunes se informó de que el Gobierno ha propuesto, en el marco del proceso de negociaciones para superar la crisis que estalló hace más de un año, una amnistía para las personas que han cometido crímenes durante el conflicto, algo que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ya ha rechazado.
“Ninguno de los asesinatos de nuestros familiares han sido esclarecidos, ni existe voluntad por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia en pretender esclarecer los casos”, afirmó en declaraciones a EFE la presidenta de AMA, Francys Valdivia.
Valdivia, hermana del universitario Franco Valdivia, quien murió de un disparo hace más de un año en la ciudad de Estelí (norte), dijo que las autoridades archivan los casos cuando los principales sospechosos de las muertes son policías, parapolicías, simpatizantes sandinistas o trabajadores del Estado.
Como ejemplo puso el caso de su hermano y el del también universitario Orlando Pérez, ambos asesinados el 20 de abril de 2018 frente a la Alcaldía de Estelí, administrada por los sandinistas, en la que, “a pesar de existir pruebas testificales, visuales, científicas y una autopsia”, no les han entregado “la copia del dictamen porque ahí están las pruebas irrefutables del asesino”.
El Gobierno de Nicaragua ha propuesto una amnistía para las personas que han cometido crímenes durante la crisis sociopolítica que afecta al país, informó este lunes la contraparte opositora del Ejecutivo en las negociaciones para encontrar una salida al conflicto interno.
“Se nos ha adelantado que el Gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica”, dijo a los periodistas el representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.
Agregó que la Alianza no acepta la propuesta del Gobierno, ya que “la solución al tema de la justicia es más complicado que eso”.
La AMA ha dicho de que no avalará ningún tipo de acuerdo de amnistía que deje en la impunidad los crímenes que se han registrado durante la crisis en Nicaragua.
Este mismo lunes el padre del líder estudiantil Edwin Carcache, del mismo nombre, afirmó que “no cabe la amnistía, porque los ‘presos políticos’ no cometieron delitos, lo que el Gobierno pretende con eso es liberar (de acusaciones legales) a su gente, a los paramilitares”.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno del presidente Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas “parapoliciales” con armas de guerra, para atacar a civiles.
Por su lado, la Alianza Cívica ha propuesto crear una verdadera Comisión de la Verdad para establecer “una política pública de reparación ética, moral, económica, incluso psicológica” para las víctimas y sus familias”.
En abril de 2018 la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, creó una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para investigar las muertes en las protestas antigubernamentales, cuyas conclusiones no son creíbles para la oposición.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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