Suprema Corte se queda a 2 votos de invalidar en su totalidad la Ley de Remuneraciones

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sí hubo violaciones al proceso legislativo en la aprobación del dictamen que dio origen a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Sin embargo, la norma no fue invalidada en su totalidad, como se preveía, pues no se alcanzó la votación mínima de ocho ministros. Al final solo seis de ellos votaron a favor de la invalidez total de esta ley.

Entre quienes votaron contra la invalidez total, están Yasmín Esquivel y Juan Luis González, ambos de reciente ingreso a la Suprema Corte y propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es promotor de esta ley; además, Norma Piña, Javier Laynez y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Por ello, el pleno de ministros desestimó, en esta parte, las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de oposición en el Senado.

En la sesión del próximo lunes, solamente resta que los ministros se pronuncien con relación a la posible invalidez de cuatro de los 17 artículos de la Ley de Remuneraciones. En el resto, los ministros ya se pronunciaron por desestimar también las acciones.

En sus respectivas acciones de inconstitucionalidad, la CNDH y los senadores acusaron que la votación del 28 de noviembre de 2018 del dictamen de la Ley Federal de Remuneraciones, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, violó el reglamento de la Cámara de Diputados.

Señalaron que en su artículo 184, el reglamento es claro en advertir que las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas se tendrán por desechadas.

En el caso de la Ley impugnada, el dictamen estaba archivado desde el año 2011, es decir al menos tres legislaturas antes de que fuera desempolvada y aprobada en sus términos, en noviembre pasado, por la actual legislatura.

Los ministros que hicieron mayoría advirtieron que sí hubo violaciones en el proceso legislativo, las cuales se manifestaron como directas a la Constitución de la República, y argumentaron que por eso se debía invalidar por completo la Ley.

Aseguraron que las fallas en el procedimiento resultaron en violación al modelo de democracia representativa, por los casi siete años que transcurrieron entre la presentación del dictamen por una legislatura y su aprobación por una distinta.

Señalaron que no hay una base constitucional para decir que una minuta puede permanecer indefinidamente sin ser votada.

Los que hicieron minoría, pero cuyo voto evitó la invalidez total de la norma, advirtieron que sí se dieron por satisfechos los requisitos del proceso legislativo y que no hubo afectaciones en la deliberación democrática.