El Tribunal Constitucional reaccionó ayer a la información de ABC sobre su magistrado Cándido Conde-Pumpido con una nota de prensa en la que, además de desmentir el contenido de la información -pese a saber que es perfectamente veraz- pedía que se respetara la independencia de sus integrantes. El mismo caso de Conde-Pumpido es propicio para que el TC se aplique a sí mismo su rigor por la independencia judicial. Este magistrado ha redactado el borrador de sentencia en la demanda de amparo de los condenados por el Tribunal Supremo con motivo del asedio violento en 2011 al Parlamento de Cataluña. En aquel año, Conde-Pumpido era fiscal general del Estado y no sólo instó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que presentara recurso ante el Supremo, sino que, además, hizo declaraciones públicas criticando la absolución acordada por la Audiencia Nacional. La independencia de un juez se manifiesta en cada caso que juzga a través de su imparcialidad, y Conde-Pumpido no la tiene -da lo mismo en qué sentido la haya perdido, a favor o en contra del justiciable-, porque sus declaraciones públicas como fiscal la anularon para actuar ahora como magistrado, aunque sea en el TC. La ley reguladora de este tribunal remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial para aplicar a sus magistrados el mismo régimen de abstención y recusación que pesa sobre los jueces ordinarios. Por cierto, recusaciones que con saña aplicó la izquierda judicial a la que pertenece Conde-Pumpido a magistrados como Enrique López, Concepción Espejel o Juan Pablo González para impedir que juzgaran procesos que afectaban al Partido Popular, por el hecho de haber sido apoyados por este partido -como otros partidos apoyaron a otros jueces- para acceder a cargos judiciales. Ningún problema tuvo Conde-Pumpido en instruir en el Supremo, como magistrado, la causa contra la popular Rita Barberá, pese a haber sido designado fiscal general por Rodríguez Zapatero.
En el mismo TC hay precedentes que Conde-Pumpido puede utilizar para medir su imparcialidad -o para que se la midan sus compañeros de tribunal-, como fueron las recusaciones exitosas contra los magistrados Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García-Calvo, quienes habían criticado públicamente la reforma de la ley del TC que permitió a su entonces presidenta, María Emilia Casas, prorrogar su presidencia. O la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, quien fue apartado por sus compañeros para juzgar el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto catalán, porque, como catedrático, había emitido un informe sobre el proyecto estatutario durante su tramitación.
No podemos estar más de acuerdo con el TC: hay que respetar la independencia de los jueces, tanto como los jueces deben respetar su imparcialidad.
